Ahora aseguran que la Argentina no está en default
Marcha atrás de una decisión de la Asociación Internacional de Derivados y Swaps.
La Asociación Internacional de Derivados y Swaps (ISDA), una entidad privada que determina si se activan o no los seguros de default, dio ayer marcha atrás con una decisión tomada el viernes, y determinó que Argentina no está en default. En rigor, hubo una nueva votación, donde se buscó precisar si el “evento de pago de crédito” activado el viernes con los seguros de default, significaba que Argentina entró o no en moratoria o si repudió o no su deuda. La vocera de la entidad, Lauren Dobbs, dijo a Télam ayer a la tarde que el lunes y marte se llevaron a cabo reuniones en torno al tema, en la que los miembros -entre los que se encuentra el fondo Elliott- emitieron un documento en el que determinaron que no hubo ni “moratoria” ni “repudio” de la deuda de parte de la Argentina. La vocera aclaró, no obstante, que el “evento de pago” de los seguros de default se activó el viernes durante la reunión de la entidad que se realizó casi a la par de la audiencia convocada por el juez Thomas Griesa con las partes del caso para tratar el “default”. “La falla que activa el pago de un evento de crédito aún existe”, precisó Dobbs a Télam. De esta forma, en un hecho inédito, se sucedieron tres reuniones y dos votaciones para determinar si el país está o no en default. Con Grecia, en el año 2010, sólo hubo una votación, sin preguntas adicionales de si el país heleno había entrado en moratoria o no para activar los seguros. En esa oportunidad la votación fue un mero trámite y se activó el cobro de 2.400 millones de dólares en concepto de seguro de default. Según pudo saber Télam, durante las reuniones del lunes y ayer “hubo presión para definir que la Argentina no ingresó en moratoria, ni repudió su deuda, de parte de los bancos de inversión que participaron de la reunión, que no querían quedar pegados a una mera determinación de default”. En esto también habría sido determinante la presentación que realizó la Comisión Nacional de Valores ante la SEC para investigar el accionar de fondos buitre y el presunto uso de información privilegiada.
La Asociación Internacional de Derivados y Swaps (ISDA), una entidad privada que determina si se activan o no los seguros de default, dio ayer marcha atrás con una decisión tomada el viernes, y determinó que Argentina no está en default. En rigor, hubo una nueva votación, donde se buscó precisar si el “evento de pago de crédito” activado el viernes con los seguros de default, significaba que Argentina entró o no en moratoria o si repudió o no su deuda. La vocera de la entidad, Lauren Dobbs, dijo a Télam ayer a la tarde que el lunes y marte se llevaron a cabo reuniones en torno al tema, en la que los miembros -entre los que se encuentra el fondo Elliott- emitieron un documento en el que determinaron que no hubo ni “moratoria” ni “repudio” de la deuda de parte de la Argentina. La vocera aclaró, no obstante, que el “evento de pago” de los seguros de default se activó el viernes durante la reunión de la entidad que se realizó casi a la par de la audiencia convocada por el juez Thomas Griesa con las partes del caso para tratar el “default”. “La falla que activa el pago de un evento de crédito aún existe”, precisó Dobbs a Télam. De esta forma, en un hecho inédito, se sucedieron tres reuniones y dos votaciones para determinar si el país está o no en default. Con Grecia, en el año 2010, sólo hubo una votación, sin preguntas adicionales de si el país heleno había entrado en moratoria o no para activar los seguros. En esa oportunidad la votación fue un mero trámite y se activó el cobro de 2.400 millones de dólares en concepto de seguro de default. Según pudo saber Télam, durante las reuniones del lunes y ayer “hubo presión para definir que la Argentina no ingresó en moratoria, ni repudió su deuda, de parte de los bancos de inversión que participaron de la reunión, que no querían quedar pegados a una mera determinación de default”. En esto también habría sido determinante la presentación que realizó la Comisión Nacional de Valores ante la SEC para investigar el accionar de fondos buitre y el presunto uso de información privilegiada.