Mursi, el primer presidente de Egipto democráticamente electo y derrocado un año después por un golpe cívico-militar encabezado por el actual presidente, Abdel Fatah al Sisi, fue condenado por reprimir las protestas ocurridas el 5 de diciembre de 2012, que finalizaron con la muerte de varios manifestantes.
Según el fallo del Tribunal Penal de El Cairo, el islamista Mursi y otras doce personas fueron sentenciadas por uso de la fuerza y la violencia y retención de personas, acompañada de maltratos y tortura en las protestas ocurridas frente al palacio presidencial de Itihadiya en diciembre de 2012, poco más de seis meses antes del golpe.
"La acusación se fundó en la conjetura de que Mursi fue responsable simplemente por su relación con la Hermandad Musulmana", sostuvo Sarah Leah Whitson, directora de HRW para Oriente Medio y Norte de África, en referencia a la organización conservadora islamista que ayudó a llevar a Mursi a la Presidencia y que después del golpe se convirtió en la cara visible de la oposición y, por eso, sufrió una represión sangrienta.
Según un comunicado de HRW, citado por la agencia de noticias EFE, el sumario del juicio contra
Mursi sólo presentó testimonios de altos mandos militares y policiales para respaldar las acusaciones contra el presidente derrocado justamente por esas mismas fuerzas de seguridad, que contaron con el apoyo de millones de personas en las calles.
Uno de los testigos, el comandante de la Guardia Republicana, encargado de proteger el palacio, Mohamed Zaki, aseguró que cuando él se negó a dispersar a los manifestantes que se oponían a la islamización del Estado impulsada por Mursi, el entonces presidente llamó a la Hermandad Musulmana para que se hiciera cargo de la represión en las calles.
Zaki no aportó pruebas más que su testimonio.
HRW destacó también que la defensa, designada por el gobierno, no llamó a declarar a ninguno de los testigos que podrían corroborar la versión de Mursi porque temía que fueran detenido, como sucedió como más de mil islamistas y opositores desde el golpe de Estado de julio de 2013.
Además, otra prueba de la parcialidad del proceso y del propio gobierno egipto es que mientras el Ministerio Público impulsa juicios por las represiones y las muertes que tuvieron lugar durante el año de gobierno de Mursi, ningún proceso se ha abierto para investigar las más de mil muertes de simpatizantes y militantes de la Hermandad Musulmana después del golpe.
Tras conocerse la primera condena contra Mursi, esta semana, otra organización occidental, Amnistía Internacional (AI), calificó de "farsa" el juicio contra el mandatario derrocado y pidió que se repita el proceso o que sea puesto en libertad.
En un comunicado, AI aseguró que la condena fue injusta porque fue el producto de "un proceso defectuoso y con pruebas endebles" y demuestra que el sistema judicial egipcio "es incapaz de ofrecer un juicio justo a los miembros o partidarios del gobierno del antiguo presidente y de la Hermandad Musulmana".

Mursi, el primer presidente de Egipto democráticamente electo y derrocado un año después por un golpe cívico-militar encabezado por el actual presidente, Abdel Fatah al Sisi, fue condenado por reprimir las protestas ocurridas el 5 de diciembre de 2012, que finalizaron con la muerte de varios manifestantes.
Según el fallo del Tribunal Penal de El Cairo, el islamista Mursi y otras doce personas fueron sentenciadas por uso de la fuerza y la violencia y retención de personas, acompañada de maltratos y tortura en las protestas ocurridas frente al palacio presidencial de Itihadiya en diciembre de 2012, poco más de seis meses antes del golpe.
"La acusación se fundó en la conjetura de que Mursi fue responsable simplemente por su relación con la Hermandad Musulmana", sostuvo Sarah Leah Whitson, directora de HRW para Oriente Medio y Norte de África, en referencia a la organización conservadora islamista que ayudó a llevar a Mursi a la Presidencia y que después del golpe se convirtió en la cara visible de la oposición y, por eso, sufrió una represión sangrienta.
Según un comunicado de HRW, citado por la agencia de noticias EFE, el sumario del juicio contra
Mursi sólo presentó testimonios de altos mandos militares y policiales para respaldar las acusaciones contra el presidente derrocado justamente por esas mismas fuerzas de seguridad, que contaron con el apoyo de millones de personas en las calles.
Uno de los testigos, el comandante de la Guardia Republicana, encargado de proteger el palacio, Mohamed Zaki, aseguró que cuando él se negó a dispersar a los manifestantes que se oponían a la islamización del Estado impulsada por Mursi, el entonces presidente llamó a la Hermandad Musulmana para que se hiciera cargo de la represión en las calles.
Zaki no aportó pruebas más que su testimonio.
HRW destacó también que la defensa, designada por el gobierno, no llamó a declarar a ninguno de los testigos que podrían corroborar la versión de Mursi porque temía que fueran detenido, como sucedió como más de mil islamistas y opositores desde el golpe de Estado de julio de 2013.
Además, otra prueba de la parcialidad del proceso y del propio gobierno egipto es que mientras el Ministerio Público impulsa juicios por las represiones y las muertes que tuvieron lugar durante el año de gobierno de Mursi, ningún proceso se ha abierto para investigar las más de mil muertes de simpatizantes y militantes de la Hermandad Musulmana después del golpe.
Tras conocerse la primera condena contra Mursi, esta semana, otra organización occidental, Amnistía Internacional (AI), calificó de "farsa" el juicio contra el mandatario derrocado y pidió que se repita el proceso o que sea puesto en libertad.
En un comunicado, AI aseguró que la condena fue injusta porque fue el producto de "un proceso defectuoso y con pruebas endebles" y demuestra que el sistema judicial egipcio "es incapaz de ofrecer un juicio justo a los miembros o partidarios del gobierno del antiguo presidente y de la Hermandad Musulmana".