Detuvieron en Londres al jefe de inteligencia de Ruanda
El jefe de inteligencia de Ruanda, Karenzi Karake, fue arrestado en Londres en cumplimiento de una orden de detención europea dictada por las autoridades judiciales españolas por crímenes contra la humanidad.
La detención se produjo el sábado, pero recién fue informada hoy por la policía británica provocando una queja enérgica del gobierno ruandés.
El arresto de Karake, director general de los Servicios de Seguridad e Inteligencia Nacional de Ruanda, tuvo lugar dos días atrás en el aeropuerto londinense de Heathrow y fue adelantado por la cadena británica BBC, antes de ser confirmado por la policía.
"Karenzi Karake, de 54 años, compareció ante la Corte de Magistrados de Westminster, tras ser arrestado en cumplimiento de una orden de detención internacional emitida por las autoridades españolas, donde se le busca en conexión con crímenes de guerra contra civiles", explicaron las fuerzas de seguridad británicas en un comunicado.
La ministra ruandesa de Exteriores, Louise Mushikiwabo, respondió con dureza a través de su cuenta de Twitter afirmando que "la solidaridad occidental para menospreciar a los africanos es inaceptable"; y añadió que arrestar a un oficial de Ruanda por la "locura" genocida era "una ofensa".
Las autoridades de Kigali se quejaron también y pidieron explicaciones al gobierno británico por la detención de Karake, quien permanece bajo custodia en Londres a la espera de volver a declarar el próximo jueves.
"Estamos gestionando el asunto con el Gobierno británico. Rebatiremos los cargos en los tribunales. También hemos pedido explicaciones al Reino Unido", declaró desde su país el ministro de Justicia ruandés, Johnston Busingye.
Por su parte, el embajador ruandés en Londres, William Nkurunziza, dijo a la cadena británica BBC que los cargos contra Karake tienen "motivaciones políticas" y que "sugerir que él o cualquiera de los otros militares acusados son responsables de crímenes contra la humanidad es un insulto a la conciencia colectiva".
El juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu, quien emitió la alerta contra Karake y otros 39 altos cargos militares ruandeses, ya inició el procedimiento para pedir formalmente su extradición, según confirmaron fuentes judiciales españolas.
A pesar de que la nueva ley de Jurisdicción Universal del gobierno del presidente Mariano Rajoy restringe la capacidad de los tribunales españoles para juzgar crímenes internacionales, el caso de Ruanda continúa activo y pendiente de una resolución del Tribunal Supremo, que debe resolver un recurso contra el archivo de la investigación.
La justicia española acusa a 40 altos cargos militares del actual gobierno de Ruanda por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo cometidos en la década del 90.
Los militares pertenecen al Ejército Patriótico Ruandés, brazo armado del Frente Patriótico Ruandés (APR/FPR) del actual presidente Paul Kagame, quien accedió al poder en julio 1994 tras poner fin al genocidio iniciado en abril de ese mismo año por el régimen extremista hutu, y que costó la vida a unas 800.000 personas, en su mayoría tutsis.
En su escrito de procesamiento, dictado en febrero de 2008, el juez Andreu afirma que los militares ruandeses "tomaron el poder por la fuerza e instauraron un régimen de terror en el país", realizando "horrendos crímenes" contra la población civil.
Más de cuatro millones de ruandeses fueron asesinados y desaparecidos en el marco de un plan de exterminio por razones étnicas y políticas, dice el magistrado.
La estrategia culminó con la invasión y conquista de la República Democrática del Congo. Las víctimas, explica Andreu, fueron en su mayoría refugiados hutus ruandeses y población civil congoleña, en su mayoría también hutus.
Este segundo genocidio se extendió entre 1994 y 2000 y entre sus víctimas se encuentran nueve españoles -seis religiosos y tres civiles integrantes de la ONG "Médicos del Mundo"- que "trabajaban en campos de refugiados, defendían los derechos humanos y denunciaban los abusos que sufrían los desplazados por la guerra", remarca el juez instructor.
El juez desataca que los españoles fueron asesinados en el marco de una estrategia de exterminio de los testigos del genocidio que se estaba perpetrando.
En el caso del padre Joaquín Vallmajo, cuyo cuerpo aún se encuentra desaparecido, había denunciado por escrito que los tutsi lanzaron una "campaña mundial de desinformación para hacer creer que los asesinos son las víctimas y las víctimas los asesinos". Apenas 24 horas antes de su desaparición, el misionero fue amenazado por el FPR.
Por su parte, los tres cooperantes de Médicos del Mundo fueron asesinados en enero de 1997 después de haber comprobado más de 50 muertes en Karabere, a donde se había desplazado después de que se les informó de una masacre. Los militares ruandeses sabían que habían sido "testigos incómodos" de sus masacres, y dos días después irrumpieron en la sede de la organización y los asesinaron, dice el juez.
En la investigación de Andreu, quien tomó testimonio a una veintena de sobrevivientes de las masacres perpetradas por los tutsis contra los hutus, se describe también el papel criminal que ejerció el ACNUR en el conflicto, al iniciar un programa de "repatriación forzosa" de ruandeses que se encontraban refugiados en Zaire.
El presidente Kagame no fue procesado porque goza de inmunidad como jefe de Estado, aunque el magistrado español asegura que existen indicios de criminalidad en su contra como responsable del Ejército ruandés, el antiguo APR.
No obstante, el caso del arresto en Londres de su jefe de inteligencia tiene características similares a la detención del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, en 1998, por pedido del juez español Baltasar Garzón.
Pinochet pasó dos años en Londres y si bien la justicia británica aprobó su extradición en octubre de 1999, tras varios recursos y alegatos relativos a su estado de salud, el gobierno de ese país ordenó su liberación y su envío a Chile por razones humanitarias en marzo de 2000.
La detención se produjo el sábado, pero recién fue informada hoy por la policía británica provocando una queja enérgica del gobierno ruandés.
El arresto de Karake, director general de los Servicios de Seguridad e Inteligencia Nacional de Ruanda, tuvo lugar dos días atrás en el aeropuerto londinense de Heathrow y fue adelantado por la cadena británica BBC, antes de ser confirmado por la policía.
"Karenzi Karake, de 54 años, compareció ante la Corte de Magistrados de Westminster, tras ser arrestado en cumplimiento de una orden de detención internacional emitida por las autoridades españolas, donde se le busca en conexión con crímenes de guerra contra civiles", explicaron las fuerzas de seguridad británicas en un comunicado.
La ministra ruandesa de Exteriores, Louise Mushikiwabo, respondió con dureza a través de su cuenta de Twitter afirmando que "la solidaridad occidental para menospreciar a los africanos es inaceptable"; y añadió que arrestar a un oficial de Ruanda por la "locura" genocida era "una ofensa".
Las autoridades de Kigali se quejaron también y pidieron explicaciones al gobierno británico por la detención de Karake, quien permanece bajo custodia en Londres a la espera de volver a declarar el próximo jueves.
"Estamos gestionando el asunto con el Gobierno británico. Rebatiremos los cargos en los tribunales. También hemos pedido explicaciones al Reino Unido", declaró desde su país el ministro de Justicia ruandés, Johnston Busingye.
Por su parte, el embajador ruandés en Londres, William Nkurunziza, dijo a la cadena británica BBC que los cargos contra Karake tienen "motivaciones políticas" y que "sugerir que él o cualquiera de los otros militares acusados son responsables de crímenes contra la humanidad es un insulto a la conciencia colectiva".
El juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu, quien emitió la alerta contra Karake y otros 39 altos cargos militares ruandeses, ya inició el procedimiento para pedir formalmente su extradición, según confirmaron fuentes judiciales españolas.
A pesar de que la nueva ley de Jurisdicción Universal del gobierno del presidente Mariano Rajoy restringe la capacidad de los tribunales españoles para juzgar crímenes internacionales, el caso de Ruanda continúa activo y pendiente de una resolución del Tribunal Supremo, que debe resolver un recurso contra el archivo de la investigación.
La justicia española acusa a 40 altos cargos militares del actual gobierno de Ruanda por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo cometidos en la década del 90.
Los militares pertenecen al Ejército Patriótico Ruandés, brazo armado del Frente Patriótico Ruandés (APR/FPR) del actual presidente Paul Kagame, quien accedió al poder en julio 1994 tras poner fin al genocidio iniciado en abril de ese mismo año por el régimen extremista hutu, y que costó la vida a unas 800.000 personas, en su mayoría tutsis.
En su escrito de procesamiento, dictado en febrero de 2008, el juez Andreu afirma que los militares ruandeses "tomaron el poder por la fuerza e instauraron un régimen de terror en el país", realizando "horrendos crímenes" contra la población civil.
Más de cuatro millones de ruandeses fueron asesinados y desaparecidos en el marco de un plan de exterminio por razones étnicas y políticas, dice el magistrado.
La estrategia culminó con la invasión y conquista de la República Democrática del Congo. Las víctimas, explica Andreu, fueron en su mayoría refugiados hutus ruandeses y población civil congoleña, en su mayoría también hutus.
Este segundo genocidio se extendió entre 1994 y 2000 y entre sus víctimas se encuentran nueve españoles -seis religiosos y tres civiles integrantes de la ONG "Médicos del Mundo"- que "trabajaban en campos de refugiados, defendían los derechos humanos y denunciaban los abusos que sufrían los desplazados por la guerra", remarca el juez instructor.
El juez desataca que los españoles fueron asesinados en el marco de una estrategia de exterminio de los testigos del genocidio que se estaba perpetrando.
En el caso del padre Joaquín Vallmajo, cuyo cuerpo aún se encuentra desaparecido, había denunciado por escrito que los tutsi lanzaron una "campaña mundial de desinformación para hacer creer que los asesinos son las víctimas y las víctimas los asesinos". Apenas 24 horas antes de su desaparición, el misionero fue amenazado por el FPR.
Por su parte, los tres cooperantes de Médicos del Mundo fueron asesinados en enero de 1997 después de haber comprobado más de 50 muertes en Karabere, a donde se había desplazado después de que se les informó de una masacre. Los militares ruandeses sabían que habían sido "testigos incómodos" de sus masacres, y dos días después irrumpieron en la sede de la organización y los asesinaron, dice el juez.
En la investigación de Andreu, quien tomó testimonio a una veintena de sobrevivientes de las masacres perpetradas por los tutsis contra los hutus, se describe también el papel criminal que ejerció el ACNUR en el conflicto, al iniciar un programa de "repatriación forzosa" de ruandeses que se encontraban refugiados en Zaire.
El presidente Kagame no fue procesado porque goza de inmunidad como jefe de Estado, aunque el magistrado español asegura que existen indicios de criminalidad en su contra como responsable del Ejército ruandés, el antiguo APR.
No obstante, el caso del arresto en Londres de su jefe de inteligencia tiene características similares a la detención del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet, en 1998, por pedido del juez español Baltasar Garzón.
Pinochet pasó dos años en Londres y si bien la justicia británica aprobó su extradición en octubre de 1999, tras varios recursos y alegatos relativos a su estado de salud, el gobierno de ese país ordenó su liberación y su envío a Chile por razones humanitarias en marzo de 2000.