Nahuelpan: condenan a un miembro
En otro hito en la historia de las comunidades aborígenes Nahuelpan y Prane, que fueran objeto en el año 1937 del tristemente histórico desalojo, donde fueron despojadas de sus tierras que ocupan ancestralmente, la Justicia Ordinaria de Esquel condenó a uno de sus integrantes a seis meses de prisión y encontró penalmente responsable a otro de los miembros de la comunidad Nahuelpan, por delitos cometidos en perjuicio de integrantes de la comunidad Emilio Prane.
“Para entender un poco los antecedentes -afirmó el patrocinador de Prane, Horacio Hernández- es necesario señalar con la objetividad que el caso merece y teniendo como cierto el informe realizado por la Justicia Federal, estas dos familias fueron desalojadas de la zona del boquete Nahuelpan en el año 1937, donde el Cacique Francisco Nahuelpan junto con su segundo Eduardo Prane, ocupaban las tierras por lo menos desde 1889, falleciendo primero Nahuelpan en 1918, continuando a cargo Eduardo Prane hasta su fallecimiento en 1932.
Luego del aberrante desalojo –recalcó-, que sucedió sólo después de la muerte de Eduardo Prane, ya que cuentan los historiadores que fue quien resistió al avance de los usurpadores no aborígenes, recién en 1943 el Gobierno Nacional reivindicó en parte esa masacre y desalojo ilegal, otorgándole sólo a los descendientes del cacique Nahuelpan los lotes 2, 3 y 6 de la zona en conflicto”.
Añadió que “sin embargo ha sido corroborado por los historiadores que aún a la fecha se mantiene una situación de injusticia, que es el no reconocimiento de posesión actual del Lote 4 por parte de los descendientes de la familia Prane, que resistieron incluso acciones iniciadas por quien es registralmente el titular de la tierra, es decir el Ejército Argentino”.
Amplió Hernández que “dentro de este marco legal y de hecho, parte de la comunidad Nahuelpan, a pesar de que se les reconoció derechos sobre sus anteriores ocupaciones, ha perturbado con acciones que hoy han sido objeto de una condena penal, la pacífica posesión que la comunidad Prane mantiene a la fecha”.
Mala intervención estatal
Tal como se describe anteriormente, “este conflicto tiene su origen a partir de la mala intervención del Estado en no reconocer la posesión de la Comunidad Prane sobre el Lote 4, quien además continuó a lo largo de todos estos años beneficiando a la Comunidad Nahuelpan de forma desigual, tanto en la restitución y reconocimiento como en ayudas en forma de subsidio que se materializaron por intermedio del Ministerio de Agricultura por sumas millonarias.
Límites
“Ahora –explicó el abogado- con este fallo, donde se condena por “amenazas y daños agravados por ser en banda y descampado”, una de las consecuencias lógicas es poner límites a las turbaciones de la posesión que la comunidad Prane mantiene a pesar del Ejército Argentino, la comunidad Nahuelpan y el Estado Nacional, Provincial y Municipal”.
En otro hito en la historia de las comunidades aborígenes Nahuelpan y Prane, que fueran objeto en el año 1937 del tristemente histórico desalojo, donde fueron despojadas de sus tierras que ocupan ancestralmente, la Justicia Ordinaria de Esquel condenó a uno de sus integrantes a seis meses de prisión y encontró penalmente responsable a otro de los miembros de la comunidad Nahuelpan, por delitos cometidos en perjuicio de integrantes de la comunidad Emilio Prane.
“Para entender un poco los antecedentes -afirmó el patrocinador de Prane, Horacio Hernández- es necesario señalar con la objetividad que el caso merece y teniendo como cierto el informe realizado por la Justicia Federal, estas dos familias fueron desalojadas de la zona del boquete Nahuelpan en el año 1937, donde el Cacique Francisco Nahuelpan junto con su segundo Eduardo Prane, ocupaban las tierras por lo menos desde 1889, falleciendo primero Nahuelpan en 1918, continuando a cargo Eduardo Prane hasta su fallecimiento en 1932.
Luego del aberrante desalojo –recalcó-, que sucedió sólo después de la muerte de Eduardo Prane, ya que cuentan los historiadores que fue quien resistió al avance de los usurpadores no aborígenes, recién en 1943 el Gobierno Nacional reivindicó en parte esa masacre y desalojo ilegal, otorgándole sólo a los descendientes del cacique Nahuelpan los lotes 2, 3 y 6 de la zona en conflicto”.
Añadió que “sin embargo ha sido corroborado por los historiadores que aún a la fecha se mantiene una situación de injusticia, que es el no reconocimiento de posesión actual del Lote 4 por parte de los descendientes de la familia Prane, que resistieron incluso acciones iniciadas por quien es registralmente el titular de la tierra, es decir el Ejército Argentino”.
Amplió Hernández que “dentro de este marco legal y de hecho, parte de la comunidad Nahuelpan, a pesar de que se les reconoció derechos sobre sus anteriores ocupaciones, ha perturbado con acciones que hoy han sido objeto de una condena penal, la pacífica posesión que la comunidad Prane mantiene a la fecha”.
Mala intervención estatal
Tal como se describe anteriormente, “este conflicto tiene su origen a partir de la mala intervención del Estado en no reconocer la posesión de la Comunidad Prane sobre el Lote 4, quien además continuó a lo largo de todos estos años beneficiando a la Comunidad Nahuelpan de forma desigual, tanto en la restitución y reconocimiento como en ayudas en forma de subsidio que se materializaron por intermedio del Ministerio de Agricultura por sumas millonarias.
Límites
“Ahora –explicó el abogado- con este fallo, donde se condena por “amenazas y daños agravados por ser en banda y descampado”, una de las consecuencias lógicas es poner límites a las turbaciones de la posesión que la comunidad Prane mantiene a pesar del Ejército Argentino, la comunidad Nahuelpan y el Estado Nacional, Provincial y Municipal”.