Legisladores piden investigar situación tributaria de De la Sota
Los legisladores Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal) y Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico) realizaron una presentación ante el fiscal federal Enrique Senestrari, para que investigue la situación tributaria del ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota.
El pedido gira en torno a una investigación de la situación tributaria del ex mandatario en Argentina y Brasil, donde fue embajador en los años 90, así como el financiamiento de las campañas electorales en las que fue asesorado por João Santana, el publicista detenido en Brasil, presuntamente vinculado al caso conocido como "Lava Jato".
En declaraciones a Radio Universidad de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Quinteros señaló que los únicos años en los que De la Sota no fue funcionario público fueron entre el período de 2007 al 2011, "y declara un ingreso de 35.000 reales mensuales producto de asesorías a empresas brasileras".
El legislador explicó que la intención del pedido de investigación es conocer cuáles eran las empresas que le pagaban al ex gobernador.
"Estamos convencidos -indicó-, que están vinculadas al caso del Lava Jato brasilero y por eso queremos saber cuál fue su situación fiscal, dónde y cómo tributó, dónde pagó impuestos. Creemos que esto ha sido un argumento para justificar ingresos que no deben tener asidero con la realidad", dijo.
El legislador del Frente Cívico agregó que con la presentación también se busca "conocer quiénes son las empresas y empresarios que financiaron las campañas millonarias que ha tenido De la Sota a lo largo de su extensa carrera política" porque consideraron que "es exactamente igual a lo que se está investigando en Brasil, por supuesto que en menor escala".
Por su parte el fiscal Senestrari anticipó: "Tenemos que analizar datos previos para definir si nos corresponde (a la justicia federa) intervenir".
No obstante advirtió que en caso de intervenir será en un hecho "complejo" porque "se trata de conseguir información de otros países a través de vías diplomáticas y todos los problemas de enorme lentitud que eso genera".
"De sólo ver el relato que tiene esto: sobornos en obras públicas, situación fiscal, de aporte de campaña; sabemos que si encaramos la investigación vamos a pedir ayuda a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que son organismos que tienen muchos más recursos que nosotros", concluyó.
El pedido gira en torno a una investigación de la situación tributaria del ex mandatario en Argentina y Brasil, donde fue embajador en los años 90, así como el financiamiento de las campañas electorales en las que fue asesorado por João Santana, el publicista detenido en Brasil, presuntamente vinculado al caso conocido como "Lava Jato".
En declaraciones a Radio Universidad de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Quinteros señaló que los únicos años en los que De la Sota no fue funcionario público fueron entre el período de 2007 al 2011, "y declara un ingreso de 35.000 reales mensuales producto de asesorías a empresas brasileras".
El legislador explicó que la intención del pedido de investigación es conocer cuáles eran las empresas que le pagaban al ex gobernador.
"Estamos convencidos -indicó-, que están vinculadas al caso del Lava Jato brasilero y por eso queremos saber cuál fue su situación fiscal, dónde y cómo tributó, dónde pagó impuestos. Creemos que esto ha sido un argumento para justificar ingresos que no deben tener asidero con la realidad", dijo.
El legislador del Frente Cívico agregó que con la presentación también se busca "conocer quiénes son las empresas y empresarios que financiaron las campañas millonarias que ha tenido De la Sota a lo largo de su extensa carrera política" porque consideraron que "es exactamente igual a lo que se está investigando en Brasil, por supuesto que en menor escala".
Por su parte el fiscal Senestrari anticipó: "Tenemos que analizar datos previos para definir si nos corresponde (a la justicia federa) intervenir".
No obstante advirtió que en caso de intervenir será en un hecho "complejo" porque "se trata de conseguir información de otros países a través de vías diplomáticas y todos los problemas de enorme lentitud que eso genera".
"De sólo ver el relato que tiene esto: sobornos en obras públicas, situación fiscal, de aporte de campaña; sabemos que si encaramos la investigación vamos a pedir ayuda a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que son organismos que tienen muchos más recursos que nosotros", concluyó.