Hacía muchos años –y algunos más memoriosos aseguran que nunca antes ocurrió-, que un dirigente político no utilizaba la tribuna de una acto institucional por el aniversario de la capital provincial para atacar a un medio o un grupo de medios de comunicación y acusarlos de “desetabilizadores.”
Ayer lo hizo Rossana Artero, la jefa comunal de Rawson, que tal vez con pocas cosas para mostrar de su segunda gestión al frente del municipio, eligió cuestionar –sin nombrarlo- al diario Jornada.
“Lamentablemente, padezco este tipo de prácticas casi todos los días y puedo asegurarles que tienen un solo objetivo: desestabilizarme”, dijo con tono compungido la intendenta. “Todas las semanas aparecen denuncias mediáticas que no tienen ningún tipo de sustento, digitadas desde las sombras por un viejo conocido, que intenta persuadir a la opinión pública, menoscabando mi buen nombre y honor”, agregó.
La osadía de Artero para cuestionar el desempeño periodístico de Jornada, que ya acumula 62 años de historia, no tiene parangón. Lo que Jornada ha venido publicando desde hace varios años sobre sus dos gestiones al frente del municipio siempre ha estado documentado. A tal punto, que varios de los informes terminaron siendo tramitados o se están tramitando en sedes judiciales, sin que nunca Jornada –o algunos de sus medios vinculados- haya recibido algún reproche jurídico al respecto.
La intendenta Artero, que hace años sugiere que este tipo de investigaciones están vinculadas a cuestiones de pauta publicitaria o temas “negociables”, nunca ha entendido de qué se trata. Ni la política ni la función de los medios.
Ni siquiera sus dos triunfos en las urnas, que la legitiman ante los ciudadanos de Rawson, le dan el derecho de cuestionar o apretar públicamente a un medio que siempre difunde la verdad documentada.
Ya hizo notar Jornada en su momento, sin que ninguna autoridad, ni organismo ni periodistas de otros medios se manifestarán al respecto, el apriete institucional que Artero ordenó y se cumple a rajatabla desde hace casi un año, de no otorgar notas a este diario, ni invitar a sus periodistas a las ruedas de prensa organizadas por el municipio. Un atropello pocas veces visto y ni siquiera imitado por varios de los gobernantes que hubo en esta provincia durante la última dictadura.
La intendenta debería recapacitar. La violencia institucional, sea física o verbal (como ayer), contra uno o varios medios es lisa y llanamente inaceptable.