Inseguridad y desamparo
Diario Jornada difundió el fin de semana pasado los resultados de una encuesta sobre la inseguridad en Chubut.
A la pregunta ¿Quién tiene mayor responsabilidad por el nivel de inseguridad en la provincia?, el 58,5% contestó que la Justicia es la mayor responsable; el 31,7% señaló a la clase política; y el 9,8% restante le endilgó la inseguridad a la Policía.
Las respuestas indican claramente que para la mayoría de la gente el principal problema de la inseguridad es la ineficiencia del Poder Judicial. La idea de que los delincuentes entran por una puerta, esposados por la policía, y salen por la otra, por las decisiones que toman los operadores judiciales está instalada fuertemente en la comunidad.
La falta de respuestas adecuadas repercute en el ánimo de la comunidad a tal punto, que, ante la segunda pregunta de Jornada, orientada a conocer la opinión de las víctimas de robos, el 64% de los encuestados respondió: “me robaron y no denuncié”.
El dato es tremendamente doloroso. Detrás del vecino que ofrece esa respuesta aflora un sentimiento de desamparo absoluto.Podemos imaginarnos el cuadro de situación. Un hombre o una mujer que es víctima de robo en su domicilio por primera vez, acude a la policía. En muchos casos los autores son identificados y detenidos. Cuando parece que las cosas se encaminan, con dolor, la victima observa que los delincuentes que violentaron su intimidad recuperan al otro día su libertad. Al poco tiempo, es víctima de un segundo hecho delictivo y la historia termina de la misma manera. Habrá un tercer episodio y un cuarto, con resultados parecidos. En el medio de cada historia, deberá afrontar procesos de denuncias complicados y engorrosos que no ayudan a generar un estado de confianza.
En barrios donde existe una alta tasa de criminalidad y las víctimas conocen a los delincuentes empieza a sobrevolar el temor a las represalias.
Si la investigación judicial prospera, con suerte se llega a un juicio. Y ahí empieza otro capítulo, en el que suelen prevalecer la picardía y experticia de los abogados defensores. Con suerte le tocará un fiscal avispado y si no, a llorar a la iglesia. Con mucha suerte le tocará un juez o una jueza que se coloque en el lugar de la víctima, y si no, que Dios lo ayude.
Al final del camino, no al principio de la historia, se habrá desquebrajado la confianza de la víctima en los operadores del sistema y el resultado es el que indica la encuesta de Jornada: la gente opta por no denunciar.
No es por jodida que la gente no denuncia, es porque las falencias graves del sistema le joden la vida.
Claro que el poder político también está en falta. En el Congreso nacional duerme el sueño de los justos el proyecto de reforma del código penal del que participaron todos los sectores de la sociedad.
Por ejemplo, la reforma plantea la Imposibilidad de acceder a la libertad condicional para los reincidentes y para los condenados por delitos dolosos graves como son los casos de homicidio agravado o abuso sexual agravado. En otro punto saliente, se mantiene el instituto de la reincidencia para los delitos dolosos y se consagra el principio de reincidencia real según el cual se considerará reincidente a una persona cuando cumpla el mínimo de la pena de prisión prevista en el Código Penal y no cuando el condenado termine de cumplir el total de la pena impuesta.
Después está la reforma del Código Procesal Penal de Chubut que reclaman los fiscales y que los diputados se demoraron en tratar. Cuando se pusieron las pilas, la Asociación de Magistrados pegó el grito en el cielo y embarró la cancha. Lógicamente, tienen todo el derecho de alzar su voz. Lo que no le sirve a nadie es que la reforma de un código sea la excusa para que los halcones y las palomas de la justicia midan quien tiene la toga más larga.
En el medio, está la comunidad. Que espera que los dirigentes de todos los Poderes del Estado le devuelvan la confianza que les quitaron en estos años.
Diario Jornada difundió el fin de semana pasado los resultados de una encuesta sobre la inseguridad en Chubut.
A la pregunta ¿Quién tiene mayor responsabilidad por el nivel de inseguridad en la provincia?, el 58,5% contestó que la Justicia es la mayor responsable; el 31,7% señaló a la clase política; y el 9,8% restante le endilgó la inseguridad a la Policía.
Las respuestas indican claramente que para la mayoría de la gente el principal problema de la inseguridad es la ineficiencia del Poder Judicial. La idea de que los delincuentes entran por una puerta, esposados por la policía, y salen por la otra, por las decisiones que toman los operadores judiciales está instalada fuertemente en la comunidad.
La falta de respuestas adecuadas repercute en el ánimo de la comunidad a tal punto, que, ante la segunda pregunta de Jornada, orientada a conocer la opinión de las víctimas de robos, el 64% de los encuestados respondió: “me robaron y no denuncié”.
El dato es tremendamente doloroso. Detrás del vecino que ofrece esa respuesta aflora un sentimiento de desamparo absoluto.Podemos imaginarnos el cuadro de situación. Un hombre o una mujer que es víctima de robo en su domicilio por primera vez, acude a la policía. En muchos casos los autores son identificados y detenidos. Cuando parece que las cosas se encaminan, con dolor, la victima observa que los delincuentes que violentaron su intimidad recuperan al otro día su libertad. Al poco tiempo, es víctima de un segundo hecho delictivo y la historia termina de la misma manera. Habrá un tercer episodio y un cuarto, con resultados parecidos. En el medio de cada historia, deberá afrontar procesos de denuncias complicados y engorrosos que no ayudan a generar un estado de confianza.
En barrios donde existe una alta tasa de criminalidad y las víctimas conocen a los delincuentes empieza a sobrevolar el temor a las represalias.
Si la investigación judicial prospera, con suerte se llega a un juicio. Y ahí empieza otro capítulo, en el que suelen prevalecer la picardía y experticia de los abogados defensores. Con suerte le tocará un fiscal avispado y si no, a llorar a la iglesia. Con mucha suerte le tocará un juez o una jueza que se coloque en el lugar de la víctima, y si no, que Dios lo ayude.
Al final del camino, no al principio de la historia, se habrá desquebrajado la confianza de la víctima en los operadores del sistema y el resultado es el que indica la encuesta de Jornada: la gente opta por no denunciar.
No es por jodida que la gente no denuncia, es porque las falencias graves del sistema le joden la vida.
Claro que el poder político también está en falta. En el Congreso nacional duerme el sueño de los justos el proyecto de reforma del código penal del que participaron todos los sectores de la sociedad.
Por ejemplo, la reforma plantea la Imposibilidad de acceder a la libertad condicional para los reincidentes y para los condenados por delitos dolosos graves como son los casos de homicidio agravado o abuso sexual agravado. En otro punto saliente, se mantiene el instituto de la reincidencia para los delitos dolosos y se consagra el principio de reincidencia real según el cual se considerará reincidente a una persona cuando cumpla el mínimo de la pena de prisión prevista en el Código Penal y no cuando el condenado termine de cumplir el total de la pena impuesta.
Después está la reforma del Código Procesal Penal de Chubut que reclaman los fiscales y que los diputados se demoraron en tratar. Cuando se pusieron las pilas, la Asociación de Magistrados pegó el grito en el cielo y embarró la cancha. Lógicamente, tienen todo el derecho de alzar su voz. Lo que no le sirve a nadie es que la reforma de un código sea la excusa para que los halcones y las palomas de la justicia midan quien tiene la toga más larga.
En el medio, está la comunidad. Que espera que los dirigentes de todos los Poderes del Estado le devuelvan la confianza que les quitaron en estos años.