Un policía preso por abuso sexual en una comisaría
Carlos Gustavo Perrota, de 50 años, fue declarado penalmente responsable de abuso sexual simple en contexto de violencia de género. La fiscalía pidió dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El juez Alejandro Rosales dará a conocer el 16 de septiembre la pena y la sentencia completa.
El caso del funcionario policial Carlos Gustavo Perrota, de 50 años, ingresó en su etapa final luego de que fuera declarado penalmente responsable del delito de abuso sexual simple en contexto de violencia de género, ocurrido en el interior de la Comisaría de Sarmiento.
Durante la audiencia de alegatos destinada a definir la sanción, la procuradora Luciana Coppini solicitó al tribunal que imponga al acusado una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido a partir de una serie de circunstancias consideradas agravantes. Entre ellas, destacó que el hecho se produjo dentro de una comisaría, un espacio destinado precisamente a la protección y prevención del delito, y que el abuso ocurrió públicamente, delante de compañeros de trabajo de la víctima.
Según la fiscalía, la situación provocó en la mujer un importante daño, marcado por la vergüenza y la humillación sufridas frente a sus colegas. También se tuvo en cuenta la condición del acusado como funcionario policial y su grado de instrucción. Para la acusación, Perrota, por su jerarquía y formación, no podía desconocer las normas vinculadas con la violencia de género.
Otro de los elementos considerados como agravante fue la jerarquía del imputado dentro de la fuerza. Durante el proceso, distintos testimonios señalaron que Perrota habría intentado en reiteradas oportunidades que la víctima desistiera de presentar una denuncia en su contra.
La defensa, a cargo del abogado particular Enrique Paredes, sostuvo una postura diferente y solicitó que se aplique el mínimo legal previsto para este tipo de delitos. Además, pidió que se rechace el planteo de la fiscalía respecto de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Uno de los argumentos planteados durante el proceso por la defensa fue presentar el episodio como una “broma pesada” que la denunciante habría interpretado de manera equivocada. Sin embargo, esa explicación fue cuestionada por la fiscalía a partir del contexto de violencia de género y de las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Como único elemento atenuante, el Ministerio Público Fiscal señaló que Perrota no registra antecedentes penales computables.
Coppini también solicitó que, en caso de una condena de ejecución condicional, el acusado quede sujeto a reglas de conducta durante los próximos tres años. Entre ellas, se pidió que no establezca ningún tipo de contacto con la víctima, que realice un curso sobre violencia de género y que concurra a una consulta profesional para determinar si requiere tratamiento psicológico.
El hecho investigado por la procuradora Luciana Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi ocurrió en abril de 2025, en el sector de la cuadra de la Comisaría de Sarmiento, ubicada en inmediaciones de avenida San Martín y avenida Ingeniero Coronel.
De acuerdo con la denuncia, el funcionario policial habría desarrollado conductas de carácter sexual inapropiadas contra una mujer policía que se encontraba en el lugar junto a un grupo de compañeros de trabajo.
Tras la declaración de responsabilidad penal, el proceso quedó ahora a la espera de la definición de la pena. El juez Alejandro Rosales informó que el próximo 16 de septiembre dará a conocer la totalidad de la sentencia y su resolución respecto de la sanción que deberá cumplir Perrota.
El caso del funcionario policial Carlos Gustavo Perrota, de 50 años, ingresó en su etapa final luego de que fuera declarado penalmente responsable del delito de abuso sexual simple en contexto de violencia de género, ocurrido en el interior de la Comisaría de Sarmiento.
Durante la audiencia de alegatos destinada a definir la sanción, la procuradora Luciana Coppini solicitó al tribunal que imponga al acusado una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido a partir de una serie de circunstancias consideradas agravantes. Entre ellas, destacó que el hecho se produjo dentro de una comisaría, un espacio destinado precisamente a la protección y prevención del delito, y que el abuso ocurrió públicamente, delante de compañeros de trabajo de la víctima.
Según la fiscalía, la situación provocó en la mujer un importante daño, marcado por la vergüenza y la humillación sufridas frente a sus colegas. También se tuvo en cuenta la condición del acusado como funcionario policial y su grado de instrucción. Para la acusación, Perrota, por su jerarquía y formación, no podía desconocer las normas vinculadas con la violencia de género.
Otro de los elementos considerados como agravante fue la jerarquía del imputado dentro de la fuerza. Durante el proceso, distintos testimonios señalaron que Perrota habría intentado en reiteradas oportunidades que la víctima desistiera de presentar una denuncia en su contra.
La defensa, a cargo del abogado particular Enrique Paredes, sostuvo una postura diferente y solicitó que se aplique el mínimo legal previsto para este tipo de delitos. Además, pidió que se rechace el planteo de la fiscalía respecto de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Uno de los argumentos planteados durante el proceso por la defensa fue presentar el episodio como una “broma pesada” que la denunciante habría interpretado de manera equivocada. Sin embargo, esa explicación fue cuestionada por la fiscalía a partir del contexto de violencia de género y de las circunstancias en las que ocurrió el hecho.
Como único elemento atenuante, el Ministerio Público Fiscal señaló que Perrota no registra antecedentes penales computables.
Coppini también solicitó que, en caso de una condena de ejecución condicional, el acusado quede sujeto a reglas de conducta durante los próximos tres años. Entre ellas, se pidió que no establezca ningún tipo de contacto con la víctima, que realice un curso sobre violencia de género y que concurra a una consulta profesional para determinar si requiere tratamiento psicológico.
El hecho investigado por la procuradora Luciana Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi ocurrió en abril de 2025, en el sector de la cuadra de la Comisaría de Sarmiento, ubicada en inmediaciones de avenida San Martín y avenida Ingeniero Coronel.
De acuerdo con la denuncia, el funcionario policial habría desarrollado conductas de carácter sexual inapropiadas contra una mujer policía que se encontraba en el lugar junto a un grupo de compañeros de trabajo.
Tras la declaración de responsabilidad penal, el proceso quedó ahora a la espera de la definición de la pena. El juez Alejandro Rosales informó que el próximo 16 de septiembre dará a conocer la totalidad de la sentencia y su resolución respecto de la sanción que deberá cumplir Perrota.