De boca en boca y #Satirita
Andrea Luna, de los cheques rechazados de su empresa a manejar la Cooperativa de Trelew. Mientras, el festival de contrataciones sigue. Wisky patinó con el tema del fentanilo robado en Rawson. Cuestionan el proyecto de "ecocidio" de Terenzi y Torres. Y más.
La nueva presidenta de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Andrea Luna, llegó al cargo para administrar la mayor empresa de la ciudad pero, mientras tanto, su actividad privada atraviesa un escenario financiero complejo.
Luna es propietaria junto a su esposo de PIA Gases del Sur SRL, una empresa de gases industriales radicada en el Parque Industrial de Trelew, un sector que también ha sido golpeado por las políticas económicas del Gobierno nacional de Javier Milei.
A fines de julio asumió la conducción de la Cooperativa y, desde entonces, su gestión quedó rápidamente en el centro de las críticas por algunas decisiones que contrastan con el discurso de austeridad que sostiene públicamente.
En el caso de sus empresas, los registros financieros relevados —que, vale aclarar, son públicos y los divulga el Banco Central de la República Argentina— muestran que durante este año la empresa que ella administraba hasta asumir en la Cooperativa tuvo diez cheques rechazados por falta de fondos, por un total de $ 35.088.873,51.
Sin dudas, las dificultades para atravesar las políticas económicas implementadas por los libertarios afectan a muchos sectores. La duda que queda es si una empresaria que tiene dificultades en su empresa particular era la más adecuada para tomar las riendas de una megaempresa cooperativa.
En ese contexto, la llegada de Luna a la Cooperativa plantea un particular contraste entre el discurso de “motosierra” que sostiene para los micrófonos y las decisiones adoptadas en la conducción de una entidad que atraviesa una profunda crisis económica y financiera.
Más contratos millonarios
El nuevo Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Trelew comenzó con un discurso que puso a la austeridad y el ordenamiento de las cuentas entre sus principales objetivos.
Sin embargo, a medida que transcurren las semanas, empiezan a conocerse nuevas contrataciones que abren interrogantes sobre el alcance de ese ajuste.
Al millonario contrato que le hicieron al exinterventor Juan Manuel Alfonsín, del que se dio cuenta en esta misma Columna la semana pasada, se suma ahora una lista de nuevos contratados y asesores que ocuparían distintas funciones dentro de la entidad.
Entre ellos aparece Lorena Núñez, una empresaria de Rawson, que lidera una tornería industrial de su familia y tiene vínculos con la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh). Ahora fue incorporada como “secretaria privada” de la presidenta de la Cooperativa.
Buena parte de los integrantes del actual Consejo de Administración proviene de ese espacio empresario. Pero para evitar mayores suspicacias, la CICECh emitió un oportuno comunicado a principios de agosto anunciando que había aceptado las renuncias de todos los integrantes de la cámara que habían sido electos como autoridades de la Cooperativa de Trelew: “Entendemos esta etapa como un paso natural y coherente: la responsabilidad de resguardar la total autonomía, independencia y libertad de opinión de la CICECh requiere evitar cualquier superposición de roles con la conducción de la prestadora de servicios públicos”.
Otro de los nombres que aparece en la lista de contratados es el de Esteban Ovejero, incorporado para realizar “asesoramiento en relaciones institucionales” a cambio de una factura mensual por $ 3 millones que esta semana se viralizó en las redes sociales.
Ovejero tiene otro contrato similar con la Municipalidad de Trelew desde el año 2024, que este año renovó por todo 2026; y un tercer contrato por “tareas de desarrollo de contenidos para comunicación” en la Secretaría de Trabajo de Chubut, en donde funge como colaborador estrecho del secretario del área, Nicolás Zárate. Ambos se conocen del Sindicato de Empleados de Comercio, en donde están apadrinados por el líder del gremio, Alfredo Beliz.
Entre los nuevos contratados también figura el abogado Fernando Ariel Peralta, que asumió las tareas de “asesor legal”. En la web oficial del Gobierno del Chubut, Peralta sigue figurando como director general de Catastro e Información Territorial de la Provincia, cargo en el que fue designado por el gobernador Nacho Torres en 2024.
Peralta ya firmó actuaciones junto a otro abogado reconocido del fuero local, Diego Martínez Zapata, también incorporado como asesor legal.
La nómina incluiría, además, a Maura Travaglia, una profesional vinculada en su momento a la gerencia de Operaciones del Banco del Chubut, que habría sido contratada para realizar tareas de “investigación”.
“Y hay más”, dijo un viejo empleado, conocedor de todos los recovecos de la entidad.
No puede ser verdad.
Wisky y fentanilo
Quizás apurado por los micrófonos, el secretario de Salud de Chubut, Sergio Wisky, fue bastante impreciso para opinar acerca del presunto robo de más de 200 ampollas de fentanilo y propofol del Hospital “Santa Teresita” de Rawson, escándalo revelado por este diario el domingo pasado.
En rigor, aunque en la semana el funcionario calificara el caso como “una denuncia vieja”, lo cierto es que de vieja no tiene nada: la presentación penal en la Oficina Judicial capitalina ocurrió en abril de este año, cuando Wisky aún no había reasumido en Chubut tras su paso por el Gobierno de Río Negro.
De hecho, en septiembre de 2025 Wisky tampoco era secretario en nuestra provincia y fue en ese mes cuando hubo una reunión institucional cumbre en el nosocomio capitalino donde se descubrió el faltante y, más aún, se señaló a un sospechoso con nombre y apellido.
Un dato sugestivo es que el personal denunciante del caso concurrió a la Justicia pocos días después de que el fentanilo causara muertes en Capital Federal. Hay quienes sospechan que los testigos prefirieron no callar y hacer algo para deslindar responsabilidades si acaso algo parecido sucediera en Chubut.
Como sea, los intentos del responsable de Salud por relativizar un tema para cuyo origen y desarrollo no estaba en la provincia no parecen en línea con la gravedad institucional que el expediente refleja.
Fita pide internas
Gustavo Fita sorprendió con una novedosa política de puertas abiertas en el PJ Chubut. El presidente del partido puso en la misma mesa a Juan Pablo Luque, José Glinski y Dante Bowen, celebró que los tres hayan manifestado sus ganas de ser y, por si quedaban dudas, avisó que “no hay que tenerles miedo a las elecciones internas”. Traducido al lenguaje de la política: por ahora, no hay candidato oficial ni parece haber apuro por ponerle el sello a ninguno.
En una entrevista con la emisora La 100.1, Fita pidió “abrir más las orejas que la boca” y escuchar antes de definir. Una recomendación que, en el peronismo chubutense, puede tener varias lecturas. Porque mientras algunos ya empiezan a mirar el 2027 con ansiedad, el jefe del PJ parece dispuesto a dejar que Luque, Glinski y Bowen caminen, midan y junten tropa. Y si después ninguno quiere bajarse, habrá que desempolvar las urnas.
La interna, entonces, dejó de ser una mala palabra. Fita incluso reivindicó la experiencia del año pasado, cuando las elecciones partidarias sirvieron —según dijo— para volver a incorporar sectores que estaban alejados. Tres candidatos en carrera, un presidente que no bendice a ninguno y una interna que ya no asusta. En el PJ, por lo visto, las orejas están abiertas… y las candidaturas también.
Biss no saca los pies del plato
Después del fuerte enfrentamiento, que incluyó empujones y casi escenas de pugilato, que se vivió en la Convención del radicalismo en Esquel, se busca encolumnar a los afiliados díscolos y los que apoyan la continuidad del frente con Nacho Torres.
En el medio de esto está Damián Biss, el intendente de Rawson, quien en la semana que pasó tuvo que interactuar con su par de Trelew y actual presidente de la UCR, Gerardo Merino. Es que hubo actividad oficial que los involucró a ambos, como la doble trocha que se construirá uniendo las dos ciudades y el lanzamiento de la nueva edición de la Doble Camarones.
Biss reconoció que el “diálogo institucional” con Merino se mantiene por sus obligaciones como intendente, pero lo que pasa dentro de la UCR es otra cosa: “Me parece que quien ocupa un cargo de responsabilidad, sea un intendente o gobernador, debe estar a la altura de las circunstancias y no deberían mezclarse las cuestiones políticas con las cuestiones institucionales. Por lo menos esa es mi postura. No puedo hablar por el resto”, disparó el jefe comunal capitalino.
Sobre Merino dijo que “no hay ninguna charla pendiente, recién estuvimos conversando de cuestiones que tienen que ver con gestión y las charlas políticas se dan en los ámbitos que correspondan. Tuvimos un plenario hace pocas semanas, se intentó dialogar, en algún caso se pudo, en otros no. Pero bueno, ya se generan los escenarios para poder tratar de converger en alguna mirada un poco más compartida”, reconoció.
“Hoy no vamos a sobreactuar: claramente, hay dos miradas totalmente distintas de lo que se pretende del partido y ojalá que podamos converger, por la seguridad del partido, por lo que viene por delante”.
En cuanto a su futuro dentro de la UCR, remarcó que no hay dudas sobre su continuidad dentro del partido. “Milito en el radicalismo desde que tengo 15 años. En el último tiempo han pasado cosas que por ahí a uno le preocupan”.
Con quien Biss también parece haber retomado el diálogo institucional es con el gobernador Torres. Y esto se verá reflejado en el próximo aniversario de Rawson, el martes 15, ya que el mandatario provincial se comprometió a participar del acto central, en donde ocupará el escenario junto al intendente.
Jueces contra la prensa
Ya viene sucediendo en varias audiencias en los tribunales de Puerto Madryn: los trabajadores de prensa que no pueden ingresar a instancias judiciales que son orales y públicas.
Por caso, el jueves, sin explicación alguna, la jueza María Alejandra Hernández no permitió la presencia de los medios en la primera jornada del juicio contra Germán Martinelli por el uso de avales truchos para una elección en Servicoop.
Había sucedido lo mismo cuando el presidente de la UCR Chubut, Carlos Díaz, se presentó tras una orden de captura en su contra. Y también en una de las audiencias por el intento de extorsión contra Gustavo y Ricardo Sastre.
Los jueces y juezas tienen el poder de conducir las audiencias, pero de ningún modo tienen el derecho de obstaculizar por un capricho el trabajo de los periodistas. Después de las partes, los medios tienen preferencia para el ingreso, incluso por sobre familiares de víctimas o particulares interesados. Por si no lo leyeron, figura en el Código de Procedimientos. La única excepción son los casos de delitos sexuales o que haya menores de edad involucrados. De otra forma, el periodismo puede ingresar sin problemas.
Y si un magistrado o magistrada decide que no es así, tiene el deber de fundamentar el porqué coarta la libertad de informar. Es mejor no creer que eligen los casos que tienen algún tinte político para evitarse problemas con los datos que pudieran surgir.
Como sea, es imprescindible un llamado de atención en la ciudad del Golfo. Es de esperar que tomen conciencia antes de llenarse la boca con discursos acerca de cómo se nutre una democracia. Que, entre otras cosas, se nutre de transparencia.
Duro cuestionamiento al proyecto de “ecocidio” de Terenzi
El exsecretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat, cuestionó esta semana, en una columna publicada en el portal Infobae, el proyecto de ley que impulsa la senadora chubutense Edith Terenzi para incorporar la figura del “ecocidio” al Código Penal y que busca avanzar en el Senado.
Montamat planteó reparos sobre el alcance de la iniciativa y advirtió que, tal como está concebida, puede generar una nueva tensión entre la protección ambiental y el desarrollo de actividades productivas.
El exfuncionario puso el foco especialmente en las consecuencias que una legislación de este tipo podría tener sobre sectores considerados estratégicos para la economía argentina, como los hidrocarburos y la minería.
Según su análisis, una figura penal de alcance amplio podría generar incertidumbre jurídica, afectar la toma de decisiones y desalentar inversiones en proyectos que requieren grandes desembolsos y previsibilidad a largo plazo.
Su advertencia apunta a evitar que la protección ambiental termine convirtiéndose, en los hechos, en una herramienta que paralice actividades productivas.
El planteo de Montamat adquiere una particular dimensión política porque Terenzi convirtió al “ecocidio” en una de sus principales banderas legislativas y presentó la iniciativa con un fuerte respaldo del gobernador Nacho Torres. De hecho, el mandatario chubutense había reclamado en enero la incorporación de esta figura al Código Penal y el endurecimiento de las penas para quienes provoquen daños ambientales, incluidos los incendios intencionales.
Detenerlos no alcanza: si entran por una puerta y salen por la otra, el daño ya está hecho. Por eso necesitamos incorporar la figura de ecocidio al Código Penal, para darles a los jueces herramientas concretas que permitan imponer condenas severas a quienes destruyen nuestro… https://t.co/HHo5ZECwJF
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 25, 2026
En su columna, Montamat vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa buena parte de la agenda económica argentina: cómo compatibilizar desarrollo y cuidado ambiental sin que uno termine anulando al otro.
Montamat no es el único que levantó la mano para cuestionar el proyecto de Terenzi: la influyente Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un duro comunicado para expresar su “profunda preocupación” ante el proyecto, que ya tiene dictamen favorable desde junio pasado en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado.
CRA sostiene que la protección del ambiente constituye un objetivo irrenunciable y un compromiso de toda la sociedad. Sin embargo, ese propósito no puede servir de fundamento para impulsar normas penales imprecisas, técnicamente deficientes y potencialmente incompatibles con la Constitución Nacional.
Inhibieron a Nataine
El polémico empresario cordillerano Rafael Víctor Nataine, expropietario del fallido frigorífico Dicasur de Trevelin y vinculado en varios negocios a Octavio Arteaga, socio de Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y hoy detenido en Bolivia por intento de femicidio, fue inhibido en los últimos días por la Justicia de Chubut.
La medida también alcanza a otra firma a la que Nataine estaba estrechamente vinculado, Trecar SRL, aunque en los papeles los socios de esta cadena de carnicerías eran Arteaga y Martín Leonel Madrid.
La decisión de la Justicia podría resultar clave para preservar bienes frente a los reclamos de productores, trabajadores y otros acreedores. La firma registra 122 cheques rechazados por más de $ 642 millones.
El dato cobra mayor relevancia por la magnitud económica y social del conflicto, que dejó alrededor de 30 productores ganaderos afectados, más de 50 trabajadores en la calle y numerosos acreedores, con reclamos que en su conjunto superarían ampliamente los $ 1.000 millones.
En los mentideros de Esquel y el resto de la Comarca, se asegura que la medida adquiere todavía mayor importancia ante una información según la cual Nataine estaría intentando disponer o transferir bienes provenientes de la sucesión de su padre, Victor Gezen Nataine. Este extremo deberá ser confirmado en las actuaciones y registros correspondientes, pero la inhibición podría impedir actos de disposición sobre bienes registrables que ingresen a su patrimonio, mientras la medida permanezca vigente.
Es obvio, pero merece ser aclarado: la inhibición de bienes no constituye una condena ni determina por sí misma una responsabilidad civil o penal. Sin embargo, representa una novedad concreta en un conflicto que produjo un fuerte impacto económico en Trevelin y toda la región.
#Satirita, por Descartes
La nueva presidenta de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Andrea Luna, llegó al cargo para administrar la mayor empresa de la ciudad pero, mientras tanto, su actividad privada atraviesa un escenario financiero complejo.
Luna es propietaria junto a su esposo de PIA Gases del Sur SRL, una empresa de gases industriales radicada en el Parque Industrial de Trelew, un sector que también ha sido golpeado por las políticas económicas del Gobierno nacional de Javier Milei.
A fines de julio asumió la conducción de la Cooperativa y, desde entonces, su gestión quedó rápidamente en el centro de las críticas por algunas decisiones que contrastan con el discurso de austeridad que sostiene públicamente.
En el caso de sus empresas, los registros financieros relevados —que, vale aclarar, son públicos y los divulga el Banco Central de la República Argentina— muestran que durante este año la empresa que ella administraba hasta asumir en la Cooperativa tuvo diez cheques rechazados por falta de fondos, por un total de $ 35.088.873,51.
Sin dudas, las dificultades para atravesar las políticas económicas implementadas por los libertarios afectan a muchos sectores. La duda que queda es si una empresaria que tiene dificultades en su empresa particular era la más adecuada para tomar las riendas de una megaempresa cooperativa.
En ese contexto, la llegada de Luna a la Cooperativa plantea un particular contraste entre el discurso de “motosierra” que sostiene para los micrófonos y las decisiones adoptadas en la conducción de una entidad que atraviesa una profunda crisis económica y financiera.
Más contratos millonarios
El nuevo Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Trelew comenzó con un discurso que puso a la austeridad y el ordenamiento de las cuentas entre sus principales objetivos.
Sin embargo, a medida que transcurren las semanas, empiezan a conocerse nuevas contrataciones que abren interrogantes sobre el alcance de ese ajuste.
Al millonario contrato que le hicieron al exinterventor Juan Manuel Alfonsín, del que se dio cuenta en esta misma Columna la semana pasada, se suma ahora una lista de nuevos contratados y asesores que ocuparían distintas funciones dentro de la entidad.
Entre ellos aparece Lorena Núñez, una empresaria de Rawson, que lidera una tornería industrial de su familia y tiene vínculos con la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh). Ahora fue incorporada como “secretaria privada” de la presidenta de la Cooperativa.
Buena parte de los integrantes del actual Consejo de Administración proviene de ese espacio empresario. Pero para evitar mayores suspicacias, la CICECh emitió un oportuno comunicado a principios de agosto anunciando que había aceptado las renuncias de todos los integrantes de la cámara que habían sido electos como autoridades de la Cooperativa de Trelew: “Entendemos esta etapa como un paso natural y coherente: la responsabilidad de resguardar la total autonomía, independencia y libertad de opinión de la CICECh requiere evitar cualquier superposición de roles con la conducción de la prestadora de servicios públicos”.
Otro de los nombres que aparece en la lista de contratados es el de Esteban Ovejero, incorporado para realizar “asesoramiento en relaciones institucionales” a cambio de una factura mensual por $ 3 millones que esta semana se viralizó en las redes sociales.
Ovejero tiene otro contrato similar con la Municipalidad de Trelew desde el año 2024, que este año renovó por todo 2026; y un tercer contrato por “tareas de desarrollo de contenidos para comunicación” en la Secretaría de Trabajo de Chubut, en donde funge como colaborador estrecho del secretario del área, Nicolás Zárate. Ambos se conocen del Sindicato de Empleados de Comercio, en donde están apadrinados por el líder del gremio, Alfredo Beliz.
Entre los nuevos contratados también figura el abogado Fernando Ariel Peralta, que asumió las tareas de “asesor legal”. En la web oficial del Gobierno del Chubut, Peralta sigue figurando como director general de Catastro e Información Territorial de la Provincia, cargo en el que fue designado por el gobernador Nacho Torres en 2024.
Peralta ya firmó actuaciones junto a otro abogado reconocido del fuero local, Diego Martínez Zapata, también incorporado como asesor legal.
La nómina incluiría, además, a Maura Travaglia, una profesional vinculada en su momento a la gerencia de Operaciones del Banco del Chubut, que habría sido contratada para realizar tareas de “investigación”.
“Y hay más”, dijo un viejo empleado, conocedor de todos los recovecos de la entidad.
No puede ser verdad.
Wisky y fentanilo
Quizás apurado por los micrófonos, el secretario de Salud de Chubut, Sergio Wisky, fue bastante impreciso para opinar acerca del presunto robo de más de 200 ampollas de fentanilo y propofol del Hospital “Santa Teresita” de Rawson, escándalo revelado por este diario el domingo pasado.
En rigor, aunque en la semana el funcionario calificara el caso como “una denuncia vieja”, lo cierto es que de vieja no tiene nada: la presentación penal en la Oficina Judicial capitalina ocurrió en abril de este año, cuando Wisky aún no había reasumido en Chubut tras su paso por el Gobierno de Río Negro.
De hecho, en septiembre de 2025 Wisky tampoco era secretario en nuestra provincia y fue en ese mes cuando hubo una reunión institucional cumbre en el nosocomio capitalino donde se descubrió el faltante y, más aún, se señaló a un sospechoso con nombre y apellido.
Un dato sugestivo es que el personal denunciante del caso concurrió a la Justicia pocos días después de que el fentanilo causara muertes en Capital Federal. Hay quienes sospechan que los testigos prefirieron no callar y hacer algo para deslindar responsabilidades si acaso algo parecido sucediera en Chubut.
Como sea, los intentos del responsable de Salud por relativizar un tema para cuyo origen y desarrollo no estaba en la provincia no parecen en línea con la gravedad institucional que el expediente refleja.
Fita pide internas
Gustavo Fita sorprendió con una novedosa política de puertas abiertas en el PJ Chubut. El presidente del partido puso en la misma mesa a Juan Pablo Luque, José Glinski y Dante Bowen, celebró que los tres hayan manifestado sus ganas de ser y, por si quedaban dudas, avisó que “no hay que tenerles miedo a las elecciones internas”. Traducido al lenguaje de la política: por ahora, no hay candidato oficial ni parece haber apuro por ponerle el sello a ninguno.
En una entrevista con la emisora La 100.1, Fita pidió “abrir más las orejas que la boca” y escuchar antes de definir. Una recomendación que, en el peronismo chubutense, puede tener varias lecturas. Porque mientras algunos ya empiezan a mirar el 2027 con ansiedad, el jefe del PJ parece dispuesto a dejar que Luque, Glinski y Bowen caminen, midan y junten tropa. Y si después ninguno quiere bajarse, habrá que desempolvar las urnas.
La interna, entonces, dejó de ser una mala palabra. Fita incluso reivindicó la experiencia del año pasado, cuando las elecciones partidarias sirvieron —según dijo— para volver a incorporar sectores que estaban alejados. Tres candidatos en carrera, un presidente que no bendice a ninguno y una interna que ya no asusta. En el PJ, por lo visto, las orejas están abiertas… y las candidaturas también.
Biss no saca los pies del plato
Después del fuerte enfrentamiento, que incluyó empujones y casi escenas de pugilato, que se vivió en la Convención del radicalismo en Esquel, se busca encolumnar a los afiliados díscolos y los que apoyan la continuidad del frente con Nacho Torres.
En el medio de esto está Damián Biss, el intendente de Rawson, quien en la semana que pasó tuvo que interactuar con su par de Trelew y actual presidente de la UCR, Gerardo Merino. Es que hubo actividad oficial que los involucró a ambos, como la doble trocha que se construirá uniendo las dos ciudades y el lanzamiento de la nueva edición de la Doble Camarones.
Biss reconoció que el “diálogo institucional” con Merino se mantiene por sus obligaciones como intendente, pero lo que pasa dentro de la UCR es otra cosa: “Me parece que quien ocupa un cargo de responsabilidad, sea un intendente o gobernador, debe estar a la altura de las circunstancias y no deberían mezclarse las cuestiones políticas con las cuestiones institucionales. Por lo menos esa es mi postura. No puedo hablar por el resto”, disparó el jefe comunal capitalino.
Sobre Merino dijo que “no hay ninguna charla pendiente, recién estuvimos conversando de cuestiones que tienen que ver con gestión y las charlas políticas se dan en los ámbitos que correspondan. Tuvimos un plenario hace pocas semanas, se intentó dialogar, en algún caso se pudo, en otros no. Pero bueno, ya se generan los escenarios para poder tratar de converger en alguna mirada un poco más compartida”, reconoció.
“Hoy no vamos a sobreactuar: claramente, hay dos miradas totalmente distintas de lo que se pretende del partido y ojalá que podamos converger, por la seguridad del partido, por lo que viene por delante”.
En cuanto a su futuro dentro de la UCR, remarcó que no hay dudas sobre su continuidad dentro del partido. “Milito en el radicalismo desde que tengo 15 años. En el último tiempo han pasado cosas que por ahí a uno le preocupan”.
Con quien Biss también parece haber retomado el diálogo institucional es con el gobernador Torres. Y esto se verá reflejado en el próximo aniversario de Rawson, el martes 15, ya que el mandatario provincial se comprometió a participar del acto central, en donde ocupará el escenario junto al intendente.
Jueces contra la prensa
Ya viene sucediendo en varias audiencias en los tribunales de Puerto Madryn: los trabajadores de prensa que no pueden ingresar a instancias judiciales que son orales y públicas.
Por caso, el jueves, sin explicación alguna, la jueza María Alejandra Hernández no permitió la presencia de los medios en la primera jornada del juicio contra Germán Martinelli por el uso de avales truchos para una elección en Servicoop.
Había sucedido lo mismo cuando el presidente de la UCR Chubut, Carlos Díaz, se presentó tras una orden de captura en su contra. Y también en una de las audiencias por el intento de extorsión contra Gustavo y Ricardo Sastre.
Los jueces y juezas tienen el poder de conducir las audiencias, pero de ningún modo tienen el derecho de obstaculizar por un capricho el trabajo de los periodistas. Después de las partes, los medios tienen preferencia para el ingreso, incluso por sobre familiares de víctimas o particulares interesados. Por si no lo leyeron, figura en el Código de Procedimientos. La única excepción son los casos de delitos sexuales o que haya menores de edad involucrados. De otra forma, el periodismo puede ingresar sin problemas.
Y si un magistrado o magistrada decide que no es así, tiene el deber de fundamentar el porqué coarta la libertad de informar. Es mejor no creer que eligen los casos que tienen algún tinte político para evitarse problemas con los datos que pudieran surgir.
Como sea, es imprescindible un llamado de atención en la ciudad del Golfo. Es de esperar que tomen conciencia antes de llenarse la boca con discursos acerca de cómo se nutre una democracia. Que, entre otras cosas, se nutre de transparencia.
Duro cuestionamiento al proyecto de “ecocidio” de Terenzi
El exsecretario de Energía de la Nación, Daniel Montamat, cuestionó esta semana, en una columna publicada en el portal Infobae, el proyecto de ley que impulsa la senadora chubutense Edith Terenzi para incorporar la figura del “ecocidio” al Código Penal y que busca avanzar en el Senado.
Montamat planteó reparos sobre el alcance de la iniciativa y advirtió que, tal como está concebida, puede generar una nueva tensión entre la protección ambiental y el desarrollo de actividades productivas.
El exfuncionario puso el foco especialmente en las consecuencias que una legislación de este tipo podría tener sobre sectores considerados estratégicos para la economía argentina, como los hidrocarburos y la minería.
Según su análisis, una figura penal de alcance amplio podría generar incertidumbre jurídica, afectar la toma de decisiones y desalentar inversiones en proyectos que requieren grandes desembolsos y previsibilidad a largo plazo.
Su advertencia apunta a evitar que la protección ambiental termine convirtiéndose, en los hechos, en una herramienta que paralice actividades productivas.
El planteo de Montamat adquiere una particular dimensión política porque Terenzi convirtió al “ecocidio” en una de sus principales banderas legislativas y presentó la iniciativa con un fuerte respaldo del gobernador Nacho Torres. De hecho, el mandatario chubutense había reclamado en enero la incorporación de esta figura al Código Penal y el endurecimiento de las penas para quienes provoquen daños ambientales, incluidos los incendios intencionales.
Detenerlos no alcanza: si entran por una puerta y salen por la otra, el daño ya está hecho. Por eso necesitamos incorporar la figura de ecocidio al Código Penal, para darles a los jueces herramientas concretas que permitan imponer condenas severas a quienes destruyen nuestro… https://t.co/HHo5ZECwJF
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 25, 2026
En su columna, Montamat vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa buena parte de la agenda económica argentina: cómo compatibilizar desarrollo y cuidado ambiental sin que uno termine anulando al otro.
Montamat no es el único que levantó la mano para cuestionar el proyecto de Terenzi: la influyente Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un duro comunicado para expresar su “profunda preocupación” ante el proyecto, que ya tiene dictamen favorable desde junio pasado en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado.
CRA sostiene que la protección del ambiente constituye un objetivo irrenunciable y un compromiso de toda la sociedad. Sin embargo, ese propósito no puede servir de fundamento para impulsar normas penales imprecisas, técnicamente deficientes y potencialmente incompatibles con la Constitución Nacional.
Inhibieron a Nataine
El polémico empresario cordillerano Rafael Víctor Nataine, expropietario del fallido frigorífico Dicasur de Trevelin y vinculado en varios negocios a Octavio Arteaga, socio de Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y hoy detenido en Bolivia por intento de femicidio, fue inhibido en los últimos días por la Justicia de Chubut.
La medida también alcanza a otra firma a la que Nataine estaba estrechamente vinculado, Trecar SRL, aunque en los papeles los socios de esta cadena de carnicerías eran Arteaga y Martín Leonel Madrid.
La decisión de la Justicia podría resultar clave para preservar bienes frente a los reclamos de productores, trabajadores y otros acreedores. La firma registra 122 cheques rechazados por más de $ 642 millones.
El dato cobra mayor relevancia por la magnitud económica y social del conflicto, que dejó alrededor de 30 productores ganaderos afectados, más de 50 trabajadores en la calle y numerosos acreedores, con reclamos que en su conjunto superarían ampliamente los $ 1.000 millones.
En los mentideros de Esquel y el resto de la Comarca, se asegura que la medida adquiere todavía mayor importancia ante una información según la cual Nataine estaría intentando disponer o transferir bienes provenientes de la sucesión de su padre, Victor Gezen Nataine. Este extremo deberá ser confirmado en las actuaciones y registros correspondientes, pero la inhibición podría impedir actos de disposición sobre bienes registrables que ingresen a su patrimonio, mientras la medida permanezca vigente.
Es obvio, pero merece ser aclarado: la inhibición de bienes no constituye una condena ni determina por sí misma una responsabilidad civil o penal. Sin embargo, representa una novedad concreta en un conflicto que produjo un fuerte impacto económico en Trevelin y toda la región.
#Satirita, por Descartes