Por unanimidad el Concejo Deliberante de Rawson convocó al presidente del Colegio Público de Escribanos del Chubut, Marcelo Lizurume, y a ese Consejo Directivo a concurrir ante la Comisión de Hacienda Producción, Turismo y Medio Ambiente de Rawson este 14 de octubre.
Según el parte de prensa, los ediles reclamarán explicaciones técnicas e institucionales vinculadas con actuaciones notariales incorporadas a expedientes.
La propuesta fue del concejal opositor Federico González durante la Hora de Preferencia este miércoles.
Según explicó se detectaron operaciones inmobiliarias en las cuales al certificar firmas se avalaron transacciones donde quedarían involucrados terrenos que no se pueden comerciar.

El pedido al Colegio es que precise “cuál es el alcance de una certificación notarial de firmas sobre un instrumento privado que contiene una operación relativa a un inmueble fiscal y tierras fiscales”.
Y en particular si la certificación “se limita a acreditar la autenticidad de las firmas o verifica la identidad, personería, capacidad, representación, contenido, legitimidad o disponibilidad jurídica del bien”.
También se pedirá a los escribanos que informen “cuál es el criterio profesional y/o institucional aplicable cuando el instrumento cuya firma se pretende certificar refiere a un inmueble de origen municipal o sujeto a condiciones, restricciones, cláusulas de retroventa, condición resolutoria, prohibiciones de disponer u otras limitaciones derivadas de la normativa municipal, y qué documentación corresponde requerir o verificar en tales supuestos”.

Por unanimidad el Concejo Deliberante de Rawson convocó al presidente del Colegio Público de Escribanos del Chubut, Marcelo Lizurume, y a ese Consejo Directivo a concurrir ante la Comisión de Hacienda Producción, Turismo y Medio Ambiente de Rawson este 14 de octubre.
Según el parte de prensa, los ediles reclamarán explicaciones técnicas e institucionales vinculadas con actuaciones notariales incorporadas a expedientes.
La propuesta fue del concejal opositor Federico González durante la Hora de Preferencia este miércoles.
Según explicó se detectaron operaciones inmobiliarias en las cuales al certificar firmas se avalaron transacciones donde quedarían involucrados terrenos que no se pueden comerciar.

El pedido al Colegio es que precise “cuál es el alcance de una certificación notarial de firmas sobre un instrumento privado que contiene una operación relativa a un inmueble fiscal y tierras fiscales”.
Y en particular si la certificación “se limita a acreditar la autenticidad de las firmas o verifica la identidad, personería, capacidad, representación, contenido, legitimidad o disponibilidad jurídica del bien”.
También se pedirá a los escribanos que informen “cuál es el criterio profesional y/o institucional aplicable cuando el instrumento cuya firma se pretende certificar refiere a un inmueble de origen municipal o sujeto a condiciones, restricciones, cláusulas de retroventa, condición resolutoria, prohibiciones de disponer u otras limitaciones derivadas de la normativa municipal, y qué documentación corresponde requerir o verificar en tales supuestos”.