Amenazas, advertencias y presiones: la trama del Caso Bottini
La denuncia de la fiscal jefe de Esquel reveló datos desconocidos sobre cómo abogados, funcionarios y empresarios intentan dejar impune el caso del fraude en la Mutual Aonikenk. Ataques a la familia, mensajes y demostraciones de poder.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Cansada de los mensajes, la fiscal jefe de Esquel María Bottini reveló una pesada trama de presiones, advertencias y ataques personales para dejar impune el caso del fraude en la Mutual Aonikenk. Su denuncia ante el procurador general Jorge Miquelarena también la firmó la procuradora fiscal María Cecilia Bagnato, que la acompaña en el caso. Lucas Papini, jefe de la Unidad Anticorrupción, fue el elegido para tomar el expediente.
La presentación apunta contra abogados de la cordillera, operadores y responsables de medios, a quienes les imputa amenazas, coacción, tráfico de influencias y encubrimiento.
Por su trabajo en el caso, las funcionarias aseguran sufrir una “sistemática, coordinada y violenta campaña de hostigamiento, presiones indebidas, discursos de odio, operaciones judiciales, amedrentamiento mediático y desprestigio público”.
El objetivo: quebrar su voluntad, su objetividad y su independencia pero por sobre todo, “forzar la impunidad de los imputados”. Los acusados por defraudación y balances falsos son Jorge Vernengo, Graciela Warrel y Carlos Moraga.
Según Bottini y Bagnato, el hilo conductor de la embestida es el conocido abogado cordillerano Ricardo Gerosa Lewis. Desde que tomaron la pesquisa “hubo graves e irregulares intentos de presión”, describen.
Por ejemplo, ponen al descubierto que el propio Vernengo llamó a Bagnato para pedirle una reunión privada. La procuradora se negó: cualquier cosa que quisiera decir debía hacerlo en Fiscalía y con su defensor.
Entonces el imputado contactó directamente a una profesional del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración que había actuado en los allanamientos. En una sugerencia insólita por haber dialogado con un investigado, la profesional le dijo a Bagnato que habían hablado con Vernengo y no consideraban necesario revisar los balances de la Mutual, evidencia fundamental del caso. La perito debió ser desplazada para proteger la objetividad.
También repasan el caso de Estefanía Peloff, la testigo clave que alertó sobre los manejos financieros fraudulentos y la circulación de plata en negro en la Mutual. Cuando la presidió blanqueó esos fondos. Tras años de servicio la persiguieron laboralmente hasta echarla de la Cooperativa 16 de Octubre.
La denuncia revela una reunión de Peloff con el Consejo de Administración. Estaba Martín Iturburu Moneff, abogado de la empresa y exsocio de Gerosa Lewis por casi tres décadas.
En ese encuentro increparon a Peloff para que declarara que las cuentas estaban en orden y "echara tierra" sobre el trabajo de Bottini y Bagnato.
Ante la gravedad del episodio, Fiscalía pidió urgente medidas de protección para la testigo, incluyendo una prohibición de acercamiento a Iturburu Moneff.
Tamaño nivel de amedrentamiento generó que varios asociados que habían impulsado la denuncia retiraran su apoyo. Habían sido amenazados con perder beneficios y préstamos. Bagnato debió reunirse con ellos para tranquilizarlos.
En otra reunión, Daniel Sandoval, en ese entonces querellante y abogado de Martín Sandoval, esposo de Bottini, le transmitió una advertencia expresa de Gerosa Lewis: "Se iban a llevar puestas a su esposa y a Bagnato por el caso de la cooperativa".
La presentación menciona al portal web Chubut Online, propiedad de Juan Zuoza con asesoría legal de Gerosa Lewis, y el espacio radial de la periodista María Elena Paggi: “Desplegaron una feroz e ininterrumpida campaña de desacreditación. Usaron los medios como mecanismo extorsivo, de persecución y disciplinamiento institucional”.
Entro otros ejemplos, para difamar a la fiscal jefe sembraron “dudas falaces” sobre cómo había pagado un viaje a EE.UU. para una capacitación sobre jurados. Bottini debió aclarar que el 95% de ese viaje lo había pagado con su plata.
Y sobre Bagnato calificaron de "vergonzosa" su intervención en un Congreso en Brasil, periplo cuyo 80% lo pagó ella misma y un 20% la Asociación Argentina de Fiscales. También se burlaron de ella con una editorial por lograr que un caballo fuera declarado sujeto de derecho, fallo inédito en Chubut. “Hasta una mosca puede ser declarada sujeto de derecho”, ironizaron para dañar su imagen.
Para perjudicarlas además difundieron una vieja foto oficial de ambas en un curso junto con el camarista Claudio Petris. Como este año Petris enfrentará un jury por serios cargos, la intención fue “dejarlas pegadas”.
El portal difundió supuestas conversaciones privadas fuera de contexto de Sandoval con Paggi. Querían demostrar que a la fiscal jefa la "manejaba” su esposo. “Esta descalificación es violencia de género institucional y discurso de odio patriarcal.Busca invisibilizar la autonomía técnica y la jerarquía de una mujer que lleva más de 15 años como magistrada y otros tantos como funcionaria judicial”.
Durante muchas mañanas de sábado, Paggi atacó por radio a Bottini, metiéndose en su vida privada y exponiendo “de forma aberrante” a su familia. “Fue un acoso directo para quebrar su estabilidad emocional”, dice la presentación.
Desde un teléfono desconocido con característica de Comodoro Rivadavia, la fiscal recibía las publicaciones en su contra. Lo bloqueó.
Enviados por Gerosa Lewis, estos informes difamatorios también iban a los teléfonos de letrados y magistrados. Un ejemplo: la presidenta de la Asociación de Magistrados, Carina Estefanía, que también lo bloqueó.
De acuerdo a la presentación, el propio Gerosa Lewis llamó a un procurador de Fiscalía para cuestionar la vida privada y los viajes de Bottini. Y otro segundo procurador recibió dichos directos del abogado: "Hasta que no le levanten la pata a Vernengo no van a dejar de pegarle a las fiscales". Lo mismo le llegó a Bottini por WhatsApp.
Ya parece mucho pero la denuncia asegura que el ataque creció desde marzo, cuando el Superior Tribunal de Justicia anuló los sobreseimientos y ordenó que la Causa Aonikenk fuera a juicio. De 39 publicaciones de Chubut Online referidas a Esquel, 14 fueron para “destruir la imagen pública” de ambas.
También acusan a Jorge Novarino, nuevo juez de la causa, por habilitar nuevamente viejos planteos de la defensa ya resueltos. Según advierten, busca “generar nuevos sobreseimientos impunes actuando en sintonía con el contexto de presión. Es un exceso en su función y un claro abuso de autoridad”. El magistrado llegó a fijar una audiencia para “disciplinar” a Bottini por sus declaraciones a Jornada. “Es de gravedad institucional”, subrayan las funcionarias fiscales.
Otro dato sugestivo es que mientras las investigadoras mandaban copias de la causa al juez federal de Esquel Guido Otranto por el posible delito de evasión y lavado de activos, Vernengo mostraba fotos suyas en redes cenando con ese mismo magistrado “para demostrar de qué lado está el poder. Es profundamente alarmante”.
Otra sospecha recae sobre el fiscal general Martín Robertson, quien admitió que conversa "temas sensibles" con Gerosa Lewis y que varias tardes fue visto entrando en su estudio jurídico.
En 2024 Robertson fue el único miembro de la Fiscalía en la presentación de un libro de Gerosa Lewis, en la primera fila del Centro Cultural Melipal de Esquel. También estaban Vernengo y el presidente del Consejo de Administración, Miguel Illuminati. Sólo se entraba con invitación.
La denuncia concluye que Bottini y Bagnato se enfrentan a un lobby político y económico que intenta “perpetuarse en espacios de poder y mantener privilegios ilícitos: la Cooperativa, el municipio, la Universidad, Poder Judicial”. El obstáculo son las denunciantes. “Como no cedemos ante la corrupción se activa este engranaje violento y difamatorio que financia la propia Cooperativa”.
Las funcionarias advierten que buscan aislarlas, quebrarlas psicológicamente y sacar a los mejores operadores judiciales de cualquier causa vinculada con estos núcleos de poder local. “Buscan disciplinar a cualquiera que pretenda investigarlos”, subrayan.
En este escenario, Bottini y Bagnato pideprotección para garantizar su seguridad, la de sus equipos de trabajo y de los testigos.
Y que el jefe de la Unidad Anticorrupción, Lucas Papini, investigue esta trama “como una maniobra criminal para entorpecer la justicia”.
Por Rolando Tobarez / Redacción Jornada
Cansada de los mensajes, la fiscal jefe de Esquel María Bottini reveló una pesada trama de presiones, advertencias y ataques personales para dejar impune el caso del fraude en la Mutual Aonikenk. Su denuncia ante el procurador general Jorge Miquelarena también la firmó la procuradora fiscal María Cecilia Bagnato, que la acompaña en el caso. Lucas Papini, jefe de la Unidad Anticorrupción, fue el elegido para tomar el expediente.
La presentación apunta contra abogados de la cordillera, operadores y responsables de medios, a quienes les imputa amenazas, coacción, tráfico de influencias y encubrimiento.
Por su trabajo en el caso, las funcionarias aseguran sufrir una “sistemática, coordinada y violenta campaña de hostigamiento, presiones indebidas, discursos de odio, operaciones judiciales, amedrentamiento mediático y desprestigio público”.
El objetivo: quebrar su voluntad, su objetividad y su independencia pero por sobre todo, “forzar la impunidad de los imputados”. Los acusados por defraudación y balances falsos son Jorge Vernengo, Graciela Warrel y Carlos Moraga.
Según Bottini y Bagnato, el hilo conductor de la embestida es el conocido abogado cordillerano Ricardo Gerosa Lewis. Desde que tomaron la pesquisa “hubo graves e irregulares intentos de presión”, describen.
Por ejemplo, ponen al descubierto que el propio Vernengo llamó a Bagnato para pedirle una reunión privada. La procuradora se negó: cualquier cosa que quisiera decir debía hacerlo en Fiscalía y con su defensor.
Entonces el imputado contactó directamente a una profesional del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración que había actuado en los allanamientos. En una sugerencia insólita por haber dialogado con un investigado, la profesional le dijo a Bagnato que habían hablado con Vernengo y no consideraban necesario revisar los balances de la Mutual, evidencia fundamental del caso. La perito debió ser desplazada para proteger la objetividad.
También repasan el caso de Estefanía Peloff, la testigo clave que alertó sobre los manejos financieros fraudulentos y la circulación de plata en negro en la Mutual. Cuando la presidió blanqueó esos fondos. Tras años de servicio la persiguieron laboralmente hasta echarla de la Cooperativa 16 de Octubre.
La denuncia revela una reunión de Peloff con el Consejo de Administración. Estaba Martín Iturburu Moneff, abogado de la empresa y exsocio de Gerosa Lewis por casi tres décadas.
En ese encuentro increparon a Peloff para que declarara que las cuentas estaban en orden y "echara tierra" sobre el trabajo de Bottini y Bagnato.
Ante la gravedad del episodio, Fiscalía pidió urgente medidas de protección para la testigo, incluyendo una prohibición de acercamiento a Iturburu Moneff.
Tamaño nivel de amedrentamiento generó que varios asociados que habían impulsado la denuncia retiraran su apoyo. Habían sido amenazados con perder beneficios y préstamos. Bagnato debió reunirse con ellos para tranquilizarlos.
En otra reunión, Daniel Sandoval, en ese entonces querellante y abogado de Martín Sandoval, esposo de Bottini, le transmitió una advertencia expresa de Gerosa Lewis: "Se iban a llevar puestas a su esposa y a Bagnato por el caso de la cooperativa".
La presentación menciona al portal web Chubut Online, propiedad de Juan Zuoza con asesoría legal de Gerosa Lewis, y el espacio radial de la periodista María Elena Paggi: “Desplegaron una feroz e ininterrumpida campaña de desacreditación. Usaron los medios como mecanismo extorsivo, de persecución y disciplinamiento institucional”.
Entro otros ejemplos, para difamar a la fiscal jefe sembraron “dudas falaces” sobre cómo había pagado un viaje a EE.UU. para una capacitación sobre jurados. Bottini debió aclarar que el 95% de ese viaje lo había pagado con su plata.
Y sobre Bagnato calificaron de "vergonzosa" su intervención en un Congreso en Brasil, periplo cuyo 80% lo pagó ella misma y un 20% la Asociación Argentina de Fiscales. También se burlaron de ella con una editorial por lograr que un caballo fuera declarado sujeto de derecho, fallo inédito en Chubut. “Hasta una mosca puede ser declarada sujeto de derecho”, ironizaron para dañar su imagen.
Para perjudicarlas además difundieron una vieja foto oficial de ambas en un curso junto con el camarista Claudio Petris. Como este año Petris enfrentará un jury por serios cargos, la intención fue “dejarlas pegadas”.
El portal difundió supuestas conversaciones privadas fuera de contexto de Sandoval con Paggi. Querían demostrar que a la fiscal jefa la "manejaba” su esposo. “Esta descalificación es violencia de género institucional y discurso de odio patriarcal.Busca invisibilizar la autonomía técnica y la jerarquía de una mujer que lleva más de 15 años como magistrada y otros tantos como funcionaria judicial”.
Durante muchas mañanas de sábado, Paggi atacó por radio a Bottini, metiéndose en su vida privada y exponiendo “de forma aberrante” a su familia. “Fue un acoso directo para quebrar su estabilidad emocional”, dice la presentación.
Desde un teléfono desconocido con característica de Comodoro Rivadavia, la fiscal recibía las publicaciones en su contra. Lo bloqueó.
Enviados por Gerosa Lewis, estos informes difamatorios también iban a los teléfonos de letrados y magistrados. Un ejemplo: la presidenta de la Asociación de Magistrados, Carina Estefanía, que también lo bloqueó.
De acuerdo a la presentación, el propio Gerosa Lewis llamó a un procurador de Fiscalía para cuestionar la vida privada y los viajes de Bottini. Y otro segundo procurador recibió dichos directos del abogado: "Hasta que no le levanten la pata a Vernengo no van a dejar de pegarle a las fiscales". Lo mismo le llegó a Bottini por WhatsApp.
Ya parece mucho pero la denuncia asegura que el ataque creció desde marzo, cuando el Superior Tribunal de Justicia anuló los sobreseimientos y ordenó que la Causa Aonikenk fuera a juicio. De 39 publicaciones de Chubut Online referidas a Esquel, 14 fueron para “destruir la imagen pública” de ambas.
También acusan a Jorge Novarino, nuevo juez de la causa, por habilitar nuevamente viejos planteos de la defensa ya resueltos. Según advierten, busca “generar nuevos sobreseimientos impunes actuando en sintonía con el contexto de presión. Es un exceso en su función y un claro abuso de autoridad”. El magistrado llegó a fijar una audiencia para “disciplinar” a Bottini por sus declaraciones a Jornada. “Es de gravedad institucional”, subrayan las funcionarias fiscales.
Otro dato sugestivo es que mientras las investigadoras mandaban copias de la causa al juez federal de Esquel Guido Otranto por el posible delito de evasión y lavado de activos, Vernengo mostraba fotos suyas en redes cenando con ese mismo magistrado “para demostrar de qué lado está el poder. Es profundamente alarmante”.
Otra sospecha recae sobre el fiscal general Martín Robertson, quien admitió que conversa "temas sensibles" con Gerosa Lewis y que varias tardes fue visto entrando en su estudio jurídico.
En 2024 Robertson fue el único miembro de la Fiscalía en la presentación de un libro de Gerosa Lewis, en la primera fila del Centro Cultural Melipal de Esquel. También estaban Vernengo y el presidente del Consejo de Administración, Miguel Illuminati. Sólo se entraba con invitación.
La denuncia concluye que Bottini y Bagnato se enfrentan a un lobby político y económico que intenta “perpetuarse en espacios de poder y mantener privilegios ilícitos: la Cooperativa, el municipio, la Universidad, Poder Judicial”. El obstáculo son las denunciantes. “Como no cedemos ante la corrupción se activa este engranaje violento y difamatorio que financia la propia Cooperativa”.
Las funcionarias advierten que buscan aislarlas, quebrarlas psicológicamente y sacar a los mejores operadores judiciales de cualquier causa vinculada con estos núcleos de poder local. “Buscan disciplinar a cualquiera que pretenda investigarlos”, subrayan.
En este escenario, Bottini y Bagnato pideprotección para garantizar su seguridad, la de sus equipos de trabajo y de los testigos.
Y que el jefe de la Unidad Anticorrupción, Lucas Papini, investigue esta trama “como una maniobra criminal para entorpecer la justicia”.