La RUGE repudiará el proyecto que endurece penas por “falsas denuncias”
La Red Universitaria de Género del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), participará de un encuentro con integrantes del Senado de la Nación para advertir sobre los efectos que la iniciativa puede generar en el acceso a la justicia de mujeres, niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia.
Este martes 4 de agosto, la Red Universitaria de Género – RUGE - , dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional, participará de un encuentro convocado en el ámbito del Senado de la Nación para analizar el proyecto de ley que propone modificar el Código Penal y endurecer las penas vinculadas con las denominadas “falsas denuncias”.
La Red estará representada por Sofía Ardusso - Coordinadora Ejecutiva RUGE, quien presentará ante integrantes del Senado el posicionamiento elaborado colectivamente por la Comisión de Asuntos Legislativos de la RUGE y las referentes de los diferentes CPRES, conformada por representantes de universidades públicas de todo el país.
La intervención tendrá como objetivo advertir sobre las consecuencias sociales, jurídicas e institucionales que puede generar una iniciativa que desplaza el foco desde las violencias efectivamente existentes hacia la sospecha y la criminalizacion sobre quienes buscan protección y acceso a la justicia.
El proyecto, identificado como expediente S-228/25, propone modificar el Código Penal en materia de falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento, incorporando agravantes cuando los hechos se vinculen con situaciones de violencia de género, violencia familiar, delitos contra la integridad sexual o afecten a personas menores de edad. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió dictamen favorable el 8 de abril de 2026.
“La sospecha y la criminalización sobre quienes denuncian profundiza la desprotección”
Desde la RUGE se sostiene que el proyecto no constituye una respuesta adecuada frente a las violencias de género y familiares. Por el contrario, puede transformarse en un nuevo obstáculo para quienes atraviesan estas situaciones, al reforzar estereotipos históricos que ponen en duda la palabra de las mujeres y las infancias.
El posicionamiento advierte que el debate se construye sobre la excepcionalidad de las denuncias falsas, mientras se desatiende la magnitud de las violencias, la subdenuncia y las barreras que todavía enfrentan quienes recurren al sistema judicial.
En este contexto, el endurecimiento de las penas puede instalar una lógica de hipervigilancia y producir un efecto disciplinador: el temor a sufrir consecuencias judiciales, económicas o sociales podría desalentar la búsqueda de ayuda y convertir la denuncia en un acto de mayor riesgo.
La RUGE subraya, además, que denunciar no garantiza protección. Las personas que atraviesan situaciones de violencia suelen enfrentarse a respuestas tardías, revictimización, ausencia de medidas efectivas de resguardo y dificultades para que los hechos sean investigados y sancionados adecuadamente.
Por esta razón, el problema central no se encuentra en un supuesto abuso del derecho a denunciar, sino en las falencias estructurales de un sistema que todavía no garantiza plenamente los estándares de debida diligencia y perspectiva de género exigidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Reorientar el debate hacia un sistema que escuche, proteja y actúe
Durante su participación en el Senado, la representante de la RUGE planteará la necesidad de reorientar el debate público.
Esto implica garantizar una escucha activa y libre de prejuicios; investigaciones serias con perspectiva de género; protección efectiva para quienes denuncian; reparación integral frente a las violencias; y sanciones adecuadas para quienes las ejercen.
El delito de falsa denuncia ya se encuentra contemplado en el Código Penal. Por ello, desde la Red se advierte que la creación de agravantes especialmente vinculados con las violencias de género puede tener un efecto social intimidatorio, profundizar la desprotección y desplazar la responsabilidad indelegable del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violencias.
Las universidades públicas, como instituciones comprometidas con la producción de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad democrática, tienen la responsabilidad de intervenir en los debates legislativos que pueden afectar derechos fundamentales.
La RUGE reafirma que el acceso a la justicia y el derecho a vivir una vida libre de violencias no pueden quedar condicionados por discursos que instalan sospecha y temor sobre quienes denuncian.
La evidencia, frente a los discursos de criminalización y sospecha
El posicionamiento fue elaborado por la Comisión de Asuntos Legislativos de la RUGE, integrada por representantes de las universidades públicas de todo el país y coordinada por Cecilia Russo, representante de la región patagónica ante la Red y referente de la Universidad del Chubut y con aportes de las responsables Universitarias del país ante RUGE. Entre los fundamentos presentados, recuperan los datos del Relevamiento Federal 2023–2025 realizado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales: en Chubut se registraron 81 causas por falsa denuncia, equivalentes apenas al 0,08 % del total de las investigaciones penales iniciadas durante ese período, y ninguna estuvo vinculada con hechos de violencia de género o violencia intrafamiliar. Estos datos desmienten que las falsas denuncias constituyan un fenómeno extendido y demuestran que endurecer las penas sobre la base de casos excepcionales puede instalar sospechas, desalentar las denuncias y profundizar las barreras de acceso a la justicia.
Sobre la RUGE
La Red Universitaria de Género - RUGE - es un espacio del Consejo Interuniversitario Nacional que articula a las universidades públicas argentinas para promover políticas de igualdad, transversalizar la perspectiva de género y fortalecer las acciones de prevención y abordaje de las violencias en el sistema universitario nacional.
Este martes 4 de agosto, la Red Universitaria de Género – RUGE - , dependiente del Consejo Interuniversitario Nacional, participará de un encuentro convocado en el ámbito del Senado de la Nación para analizar el proyecto de ley que propone modificar el Código Penal y endurecer las penas vinculadas con las denominadas “falsas denuncias”.
La Red estará representada por Sofía Ardusso - Coordinadora Ejecutiva RUGE, quien presentará ante integrantes del Senado el posicionamiento elaborado colectivamente por la Comisión de Asuntos Legislativos de la RUGE y las referentes de los diferentes CPRES, conformada por representantes de universidades públicas de todo el país.
La intervención tendrá como objetivo advertir sobre las consecuencias sociales, jurídicas e institucionales que puede generar una iniciativa que desplaza el foco desde las violencias efectivamente existentes hacia la sospecha y la criminalizacion sobre quienes buscan protección y acceso a la justicia.
El proyecto, identificado como expediente S-228/25, propone modificar el Código Penal en materia de falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento, incorporando agravantes cuando los hechos se vinculen con situaciones de violencia de género, violencia familiar, delitos contra la integridad sexual o afecten a personas menores de edad. La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió dictamen favorable el 8 de abril de 2026.
“La sospecha y la criminalización sobre quienes denuncian profundiza la desprotección”
Desde la RUGE se sostiene que el proyecto no constituye una respuesta adecuada frente a las violencias de género y familiares. Por el contrario, puede transformarse en un nuevo obstáculo para quienes atraviesan estas situaciones, al reforzar estereotipos históricos que ponen en duda la palabra de las mujeres y las infancias.
El posicionamiento advierte que el debate se construye sobre la excepcionalidad de las denuncias falsas, mientras se desatiende la magnitud de las violencias, la subdenuncia y las barreras que todavía enfrentan quienes recurren al sistema judicial.
En este contexto, el endurecimiento de las penas puede instalar una lógica de hipervigilancia y producir un efecto disciplinador: el temor a sufrir consecuencias judiciales, económicas o sociales podría desalentar la búsqueda de ayuda y convertir la denuncia en un acto de mayor riesgo.
La RUGE subraya, además, que denunciar no garantiza protección. Las personas que atraviesan situaciones de violencia suelen enfrentarse a respuestas tardías, revictimización, ausencia de medidas efectivas de resguardo y dificultades para que los hechos sean investigados y sancionados adecuadamente.
Por esta razón, el problema central no se encuentra en un supuesto abuso del derecho a denunciar, sino en las falencias estructurales de un sistema que todavía no garantiza plenamente los estándares de debida diligencia y perspectiva de género exigidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Reorientar el debate hacia un sistema que escuche, proteja y actúe
Durante su participación en el Senado, la representante de la RUGE planteará la necesidad de reorientar el debate público.
Esto implica garantizar una escucha activa y libre de prejuicios; investigaciones serias con perspectiva de género; protección efectiva para quienes denuncian; reparación integral frente a las violencias; y sanciones adecuadas para quienes las ejercen.
El delito de falsa denuncia ya se encuentra contemplado en el Código Penal. Por ello, desde la Red se advierte que la creación de agravantes especialmente vinculados con las violencias de género puede tener un efecto social intimidatorio, profundizar la desprotección y desplazar la responsabilidad indelegable del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violencias.
Las universidades públicas, como instituciones comprometidas con la producción de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad democrática, tienen la responsabilidad de intervenir en los debates legislativos que pueden afectar derechos fundamentales.
La RUGE reafirma que el acceso a la justicia y el derecho a vivir una vida libre de violencias no pueden quedar condicionados por discursos que instalan sospecha y temor sobre quienes denuncian.
La evidencia, frente a los discursos de criminalización y sospecha
El posicionamiento fue elaborado por la Comisión de Asuntos Legislativos de la RUGE, integrada por representantes de las universidades públicas de todo el país y coordinada por Cecilia Russo, representante de la región patagónica ante la Red y referente de la Universidad del Chubut y con aportes de las responsables Universitarias del país ante RUGE. Entre los fundamentos presentados, recuperan los datos del Relevamiento Federal 2023–2025 realizado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales: en Chubut se registraron 81 causas por falsa denuncia, equivalentes apenas al 0,08 % del total de las investigaciones penales iniciadas durante ese período, y ninguna estuvo vinculada con hechos de violencia de género o violencia intrafamiliar. Estos datos desmienten que las falsas denuncias constituyan un fenómeno extendido y demuestran que endurecer las penas sobre la base de casos excepcionales puede instalar sospechas, desalentar las denuncias y profundizar las barreras de acceso a la justicia.
Sobre la RUGE
La Red Universitaria de Género - RUGE - es un espacio del Consejo Interuniversitario Nacional que articula a las universidades públicas argentinas para promover políticas de igualdad, transversalizar la perspectiva de género y fortalecer las acciones de prevención y abordaje de las violencias en el sistema universitario nacional.