Editorial / Al borde del abismo
Una deuda de más de $ 41.400 millones, una caja comprometida y un convenio que deja a la Cooperativa de Trelew atada de manos. CAMMESA tiene garantías sobre la recaudación y la caída del acuerdo podría desatar una crisis financiera y operativa de consecuencias imprevisibles.
Hay acuerdos que ordenan una deuda y hay acuerdos que, bajo determinadas condiciones, pueden terminar convirtiéndose en una soga. El convenio firmado por la Cooperativa Eléctrica de Trelew con CAMMESA plantea precisamente ese interrogante: si las condiciones pactadas realmente permiten salir de la crisis o si, por el contrario, dejan a la institución atrapada en un mecanismo del que podría resultar cada vez más difícil escapar.
El acuerdo fue firmado a finales de 2025 por el entonces interventor Matías Bourdieu, que poco después de cumplir su tarea dejó el cargo sin dejar rastros.
El dato de partida es contundente: la Cooperativa asumió un compromiso para regularizar un pasivo superior a los 41.400 millones de pesos, con un esquema de financiamiento a 60 meses. El acuerdo contempla, además, una quita de $ 13.276 millones. Pero el beneficio tiene una condición central: cumplir rigurosamente con las obligaciones del convenio y, al mismo tiempo, pagar en término la totalidad de la facturación corriente de energía.
Ahí aparece el problema. La Cooperativa viene atravesando más de 20 meses consecutivos sin actualización tarifaria, mientras los costos de adquisición de energía, operación y mantenimiento continúan evolucionando. Es decir, se pretende que una institución que tiene dificultades para sostener su funcionamiento corriente asuma simultáneamente una deuda histórica de semejante magnitud.
Algo peor: antes de firmar el convenio no existieron dictámenes económicos, financieros y legales suficientes que demostraran cómo la Cooperativa iba a generar los recursos necesarios para afrontar el compromiso plurianual. Y esa no es una cuestión menor. Cuando una institución compromete decenas de miles de millones de pesos, no alcanza con firmar un acuerdo: debería existir detrás una ingeniería financiera capaz de demostrar que el compromiso es efectivamente pagable.
El problema es que el convenio no parece contemplar margen para el error. La Cooperativa debe pagar la cuota correspondiente a la deuda acumulada y, simultáneamente, mantener al día la factura corriente de CAMMESA. Si no logra hacerlo, comienza a correr un mecanismo que puede terminar agravando exponencialmente el problema.
Una cuota impaga o una factura corriente incumplida activa un plazo de 30 días para regularizar la situación. Si la mora no se cancela dentro de ese período, el acuerdo puede caer. Y con la caída del convenio desaparecen también los beneficios obtenidos.
Se está ante una auténtica bola de nieve: para pagar la deuda vieja hay que conseguir recursos que la estructura tarifaria actual no estaría generando; si esos recursos no aparecen, se compromete el pago de la energía corriente; si tampoco se paga la energía corriente, se activa la posibilidad de caída del acuerdo; y si el acuerdo cae, vuelve a cobrar relevancia la deuda histórica bajo condiciones mucho más gravosas.
Hay algo todavía más delicado. La Cooperativa no solamente firmó un cronograma de pagos. También entregó seis cheques de pago diferido y suscribió un Contrato de Cesión de Créditos en Garantía. Ese instrumento otorga a CAMMESA facultades sobre las cuentas recaudadoras de la Cooperativa en el Banco del Chubut.
No es una locura pensar que ante la caída del convenio, CAMMESA podría reclamar la totalidad del saldo y activar esas garantías. En ese escenario, la recaudación que diariamente realizan los usuarios de Trelew por el servicio eléctrico dejaría de estar bajo el control operativo de la Cooperativa.
Hay que detenerse en ese punto. Porque el dinero que ingresa todos los días a la Cooperativa no es una caja abstracta. Es el dinero con el que se pagan salarios, mantenimiento, insumos, productos químicos, reparaciones, combustible y todos los gastos necesarios para sostener servicios esenciales. Si ese flujo desaparece, el problema deja de ser exclusivamente financiero y pasa a ser operativo.
El acuerdo, además, habría implicado el desistimiento expreso de la acción y del derecho correspondiente al amparo tramitado ante el Juzgado Federal de Rawson N° 1, además de cargar a la Cooperativa con el 100% de las costas procesales.
Según el informe, aquel expediente constituía una herramienta judicial de protección frente a eventuales cortes del suministro mayorista o medidas de ejecución. Su abandono habría reducido sensiblemente el margen de defensa de la institución frente a CAMMESA.
Dicho de otro modo: la Cooperativa habría entregado garantías, comprometido su recaudación, aceptado un cronograma rígido y resignado una herramienta judicial que había utilizado durante años para defenderse. Una locura.
Todo esto mientras continúa pendiente el problema central: la generación genuina de recursos suficientes para pagar. Si durante más de 20 meses el Concejo Deliberante de Trelew no actualizó las tarifas en la proporción necesaria para sostener el equilibrio económico-financiero de la concesión, resulta difícil analizar el convenio con CAMMESA como si fuera una cuestión aislada.
No se puede exigir que una empresa de servicios públicos pague una deuda multimillonaria, sostenga la compra corriente de energía, mantenga las redes, pague salarios y garantice la prestación, si al mismo tiempo se le impide contar con una estructura de ingresos compatible con esos costos.
La tarifa no es un premio para la Cooperativa. Es el mecanismo mediante el cual se financia un servicio. Por supuesto, actualizar una tarifa tiene consecuencias sobre los usuarios y requiere decisiones políticas y regulatorias responsables. Pero congelarla indefinidamente también tiene consecuencias. Y alguien termina pagando el costo: la institución, los trabajadores, los proveedores, los usuarios o, finalmente, todos juntos.
Una cooperativa endeudada todavía puede recuperarse. Pero una cooperativa que es dejada sin caja, sin herramientas judiciales, con sus ingresos comprometidos y obligada a afrontar simultáneamente deuda histórica y facturación corriente, tiene un problema más grave.
No parece haber sido un error de gestión sino un proceso armado para dejarla a merced de intereses ajenos.
Hay acuerdos que ordenan una deuda y hay acuerdos que, bajo determinadas condiciones, pueden terminar convirtiéndose en una soga. El convenio firmado por la Cooperativa Eléctrica de Trelew con CAMMESA plantea precisamente ese interrogante: si las condiciones pactadas realmente permiten salir de la crisis o si, por el contrario, dejan a la institución atrapada en un mecanismo del que podría resultar cada vez más difícil escapar.
El acuerdo fue firmado a finales de 2025 por el entonces interventor Matías Bourdieu, que poco después de cumplir su tarea dejó el cargo sin dejar rastros.
El dato de partida es contundente: la Cooperativa asumió un compromiso para regularizar un pasivo superior a los 41.400 millones de pesos, con un esquema de financiamiento a 60 meses. El acuerdo contempla, además, una quita de $ 13.276 millones. Pero el beneficio tiene una condición central: cumplir rigurosamente con las obligaciones del convenio y, al mismo tiempo, pagar en término la totalidad de la facturación corriente de energía.
Ahí aparece el problema. La Cooperativa viene atravesando más de 20 meses consecutivos sin actualización tarifaria, mientras los costos de adquisición de energía, operación y mantenimiento continúan evolucionando. Es decir, se pretende que una institución que tiene dificultades para sostener su funcionamiento corriente asuma simultáneamente una deuda histórica de semejante magnitud.
Algo peor: antes de firmar el convenio no existieron dictámenes económicos, financieros y legales suficientes que demostraran cómo la Cooperativa iba a generar los recursos necesarios para afrontar el compromiso plurianual. Y esa no es una cuestión menor. Cuando una institución compromete decenas de miles de millones de pesos, no alcanza con firmar un acuerdo: debería existir detrás una ingeniería financiera capaz de demostrar que el compromiso es efectivamente pagable.
El problema es que el convenio no parece contemplar margen para el error. La Cooperativa debe pagar la cuota correspondiente a la deuda acumulada y, simultáneamente, mantener al día la factura corriente de CAMMESA. Si no logra hacerlo, comienza a correr un mecanismo que puede terminar agravando exponencialmente el problema.
Una cuota impaga o una factura corriente incumplida activa un plazo de 30 días para regularizar la situación. Si la mora no se cancela dentro de ese período, el acuerdo puede caer. Y con la caída del convenio desaparecen también los beneficios obtenidos.
Se está ante una auténtica bola de nieve: para pagar la deuda vieja hay que conseguir recursos que la estructura tarifaria actual no estaría generando; si esos recursos no aparecen, se compromete el pago de la energía corriente; si tampoco se paga la energía corriente, se activa la posibilidad de caída del acuerdo; y si el acuerdo cae, vuelve a cobrar relevancia la deuda histórica bajo condiciones mucho más gravosas.
Hay algo todavía más delicado. La Cooperativa no solamente firmó un cronograma de pagos. También entregó seis cheques de pago diferido y suscribió un Contrato de Cesión de Créditos en Garantía. Ese instrumento otorga a CAMMESA facultades sobre las cuentas recaudadoras de la Cooperativa en el Banco del Chubut.
No es una locura pensar que ante la caída del convenio, CAMMESA podría reclamar la totalidad del saldo y activar esas garantías. En ese escenario, la recaudación que diariamente realizan los usuarios de Trelew por el servicio eléctrico dejaría de estar bajo el control operativo de la Cooperativa.
Hay que detenerse en ese punto. Porque el dinero que ingresa todos los días a la Cooperativa no es una caja abstracta. Es el dinero con el que se pagan salarios, mantenimiento, insumos, productos químicos, reparaciones, combustible y todos los gastos necesarios para sostener servicios esenciales. Si ese flujo desaparece, el problema deja de ser exclusivamente financiero y pasa a ser operativo.
El acuerdo, además, habría implicado el desistimiento expreso de la acción y del derecho correspondiente al amparo tramitado ante el Juzgado Federal de Rawson N° 1, además de cargar a la Cooperativa con el 100% de las costas procesales.
Según el informe, aquel expediente constituía una herramienta judicial de protección frente a eventuales cortes del suministro mayorista o medidas de ejecución. Su abandono habría reducido sensiblemente el margen de defensa de la institución frente a CAMMESA.
Dicho de otro modo: la Cooperativa habría entregado garantías, comprometido su recaudación, aceptado un cronograma rígido y resignado una herramienta judicial que había utilizado durante años para defenderse. Una locura.
Todo esto mientras continúa pendiente el problema central: la generación genuina de recursos suficientes para pagar. Si durante más de 20 meses el Concejo Deliberante de Trelew no actualizó las tarifas en la proporción necesaria para sostener el equilibrio económico-financiero de la concesión, resulta difícil analizar el convenio con CAMMESA como si fuera una cuestión aislada.
No se puede exigir que una empresa de servicios públicos pague una deuda multimillonaria, sostenga la compra corriente de energía, mantenga las redes, pague salarios y garantice la prestación, si al mismo tiempo se le impide contar con una estructura de ingresos compatible con esos costos.
La tarifa no es un premio para la Cooperativa. Es el mecanismo mediante el cual se financia un servicio. Por supuesto, actualizar una tarifa tiene consecuencias sobre los usuarios y requiere decisiones políticas y regulatorias responsables. Pero congelarla indefinidamente también tiene consecuencias. Y alguien termina pagando el costo: la institución, los trabajadores, los proveedores, los usuarios o, finalmente, todos juntos.
Una cooperativa endeudada todavía puede recuperarse. Pero una cooperativa que es dejada sin caja, sin herramientas judiciales, con sus ingresos comprometidos y obligada a afrontar simultáneamente deuda histórica y facturación corriente, tiene un problema más grave.
No parece haber sido un error de gestión sino un proceso armado para dejarla a merced de intereses ajenos.