Editorial / La unidad que necesita la calle
Esta vez, la presencia de sindicatos y la confluencia de organizaciones, dejaron en claro que la defensa de la universidad pública no es una causa exclusiva de la comunidad universitaria.
La educación pública volvió a ocupar las calles. En Chubut, como en tantas provincias del país, docentes, estudiantes, trabajadores y vecinos salieron a defender mucho más que el presupuesto de las universidades: salieron a defender una idea de país. Una Argentina en la que estudiar no sea un privilegio, el conocimiento no quede reservado para unos pocos y el Estado no renuncie a garantizar derechos que forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad.
La quinta Marcha Federal Universitaria desde que gobierna Javier Milei tuvo -otra vez- una convocatoria multitudinaria. Las pancartas, las banderas y las consignas expresaron un reclamo que el Gobierno libertario se empeña en desoír, inclusive después de que el Congreso sancionara la Ley de Financiamiento Universitario y la Justicia ordenara su cumplimiento.
Pero esta vez hubo algo que merece una atención especial, porque puede ser tan importante como el reclamo que llevó a la gente a la calle: la presencia de los sindicatos y la confluencia de organizaciones que, desde distintos lugares, entendieron que la defensa de la universidad pública no es una causa exclusiva de la comunidad universitaria.
En Trelew, por ejemplo, marcharon representantes de Luz y Fuerza, la CGT del Valle, ATECh, SITRAED, La Bancaria, el Sindicato de Empleados de Comercio, STIA y otras organizaciones, junto con estudiantes, docentes, no docentes y movimientos sociales. No fue un detalle de color ni una simple suma de adhesiones. Fue una señal política que merece ser destacada.
La unidad no se declama, se construye. Y en una sociedad golpeada por la pérdida del poder adquisitivo, la incertidumbre laboral, el deterioro de los servicios públicos y el avance de un modelo que descarga sus costos sobre las mayorías, los sindicatos siguen siendo una herramienta indispensable para organizar la respuesta colectiva.
Sin organización sindical, la resistencia queda más fragmentada, las demandas se dispersan y cada sector corre el riesgo de terminar peleando en soledad.
Los sindicatos tienen historia, estructura, capacidad de convocatoria y una experiencia de lucha que no se improvisa. Pueden articular reclamos diferentes, ponerlos en común y convertir el malestar individual en una acción colectiva. No garantizan por sí solos la unidad, pero difícilmente pueda construirse una respuesta social de la dimensión que exige este momento sin su participación.
La movilización universitaria mostró precisamente eso: que detrás de la defensa de las aulas, los laboratorios, las becas y los salarios hay una discusión mucho más profunda sobre el país que se pretende construir.
Cuando los trabajadores de otros sectores acompañan a estudiantes y docentes, comprenden que el ajuste universitario no termina en las puertas de una facultad. Afecta a las familias, al empleo, a la producción, a la investigación, al desarrollo regional y a las posibilidades de miles de jóvenes de cambiar su futuro a través del estudio.
La gratuidad, por sí sola, no alcanza cuando un estudiante no puede pagar el transporte, los materiales o la comida. Tampoco alcanza una universidad abierta si los salarios de quienes enseñan y trabajan en ella pierden poder adquisitivo, si las becas se vuelven insuficientes y si la investigación queda sin recursos para continuar.
La igualdad de oportunidades no se sostiene con discursos: necesita políticas públicas, presupuesto y un Estado que cumpla con sus obligaciones.
Pero mientras millones de personas volvían a las calles para exigir que se respete una ley aprobada por el Congreso, el propio Congreso ofrecía otra imagen de la crisis institucional que atraviesa el país.
El jueves, la oposición intentó abrir una sesión en la Cámara de Diputados para debatir la derogación del DNU 70/23. No pudo hacerlo: reunió 121 diputados, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate. La ausencia de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, Provincias Unidas y distintos bloques dialoguistas terminó favoreciendo al Gobierno.
Entre ellos estuvo el chubutense Jorge “Loma” Ávila, que llegó al recinto cuando la sesión ya había fracasado. En el mismo contexto en donde las organizaciones gremiales se unían detrás de la bandera de la educación, el líder los petroleros de Chubut volvió a ser funcional a Milei para destruirla. Una vergüenza.
La defensa de la universidad pública y el reclamo por la derogación del DNU 70/23 no son asuntos aislados. Comparten una preocupación por el funcionamiento de las instituciones y por la concentración de decisiones en un Poder Ejecutivo que pretende avanzar aun cuando encuentra límites legales, parlamentarios o sociales.
Cuando una ley se aprueba, la Justicia ordena cumplirla y el Gobierno persiste en desconocerla, el problema excede largamente una discusión presupuestaria.
La unidad entre trabajadores, estudiantes, docentes, investigadores, organizaciones sociales y ciudadanos no elimina las diferencias ni exige que todos piensen igual. Exige reconocer que existen derechos e intereses comunes que merecen ser defendidos en conjunto.
Los sindicatos pueden aportar organización, continuidad y capacidad de movilización a una lucha que, de otro modo, corre el riesgo de dispersarse cuando cada sector vuelve a atender sus propias urgencias.
En tiempos en que la precariedad laboral y la caída de los ingresos empujan a muchos a resolver individualmente cómo llegar a fin de mes, construir solidaridad es una tarea política de primer orden.
La fragmentación favorece a quienes pretenden avanzar con sus decisiones sin encontrar una respuesta articulada. La organización colectiva, en cambio, permite que las demandas de un sector encuentren respaldo en otros y que la defensa de un derecho deje de ser una causa solitaria.
Defender la universidad pública es defender el futuro. Defender la democracia es exigir que las instituciones funcionen. Y construir unidad es entender que ninguna de esas batallas se gana en soledad.
La educación pública volvió a ocupar las calles. En Chubut, como en tantas provincias del país, docentes, estudiantes, trabajadores y vecinos salieron a defender mucho más que el presupuesto de las universidades: salieron a defender una idea de país. Una Argentina en la que estudiar no sea un privilegio, el conocimiento no quede reservado para unos pocos y el Estado no renuncie a garantizar derechos que forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad.
La quinta Marcha Federal Universitaria desde que gobierna Javier Milei tuvo -otra vez- una convocatoria multitudinaria. Las pancartas, las banderas y las consignas expresaron un reclamo que el Gobierno libertario se empeña en desoír, inclusive después de que el Congreso sancionara la Ley de Financiamiento Universitario y la Justicia ordenara su cumplimiento.
Pero esta vez hubo algo que merece una atención especial, porque puede ser tan importante como el reclamo que llevó a la gente a la calle: la presencia de los sindicatos y la confluencia de organizaciones que, desde distintos lugares, entendieron que la defensa de la universidad pública no es una causa exclusiva de la comunidad universitaria.
En Trelew, por ejemplo, marcharon representantes de Luz y Fuerza, la CGT del Valle, ATECh, SITRAED, La Bancaria, el Sindicato de Empleados de Comercio, STIA y otras organizaciones, junto con estudiantes, docentes, no docentes y movimientos sociales. No fue un detalle de color ni una simple suma de adhesiones. Fue una señal política que merece ser destacada.
La unidad no se declama, se construye. Y en una sociedad golpeada por la pérdida del poder adquisitivo, la incertidumbre laboral, el deterioro de los servicios públicos y el avance de un modelo que descarga sus costos sobre las mayorías, los sindicatos siguen siendo una herramienta indispensable para organizar la respuesta colectiva.
Sin organización sindical, la resistencia queda más fragmentada, las demandas se dispersan y cada sector corre el riesgo de terminar peleando en soledad.
Los sindicatos tienen historia, estructura, capacidad de convocatoria y una experiencia de lucha que no se improvisa. Pueden articular reclamos diferentes, ponerlos en común y convertir el malestar individual en una acción colectiva. No garantizan por sí solos la unidad, pero difícilmente pueda construirse una respuesta social de la dimensión que exige este momento sin su participación.
La movilización universitaria mostró precisamente eso: que detrás de la defensa de las aulas, los laboratorios, las becas y los salarios hay una discusión mucho más profunda sobre el país que se pretende construir.
Cuando los trabajadores de otros sectores acompañan a estudiantes y docentes, comprenden que el ajuste universitario no termina en las puertas de una facultad. Afecta a las familias, al empleo, a la producción, a la investigación, al desarrollo regional y a las posibilidades de miles de jóvenes de cambiar su futuro a través del estudio.
La gratuidad, por sí sola, no alcanza cuando un estudiante no puede pagar el transporte, los materiales o la comida. Tampoco alcanza una universidad abierta si los salarios de quienes enseñan y trabajan en ella pierden poder adquisitivo, si las becas se vuelven insuficientes y si la investigación queda sin recursos para continuar.
La igualdad de oportunidades no se sostiene con discursos: necesita políticas públicas, presupuesto y un Estado que cumpla con sus obligaciones.
Pero mientras millones de personas volvían a las calles para exigir que se respete una ley aprobada por el Congreso, el propio Congreso ofrecía otra imagen de la crisis institucional que atraviesa el país.
El jueves, la oposición intentó abrir una sesión en la Cámara de Diputados para debatir la derogación del DNU 70/23. No pudo hacerlo: reunió 121 diputados, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate. La ausencia de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, Provincias Unidas y distintos bloques dialoguistas terminó favoreciendo al Gobierno.
Entre ellos estuvo el chubutense Jorge “Loma” Ávila, que llegó al recinto cuando la sesión ya había fracasado. En el mismo contexto en donde las organizaciones gremiales se unían detrás de la bandera de la educación, el líder los petroleros de Chubut volvió a ser funcional a Milei para destruirla. Una vergüenza.
La defensa de la universidad pública y el reclamo por la derogación del DNU 70/23 no son asuntos aislados. Comparten una preocupación por el funcionamiento de las instituciones y por la concentración de decisiones en un Poder Ejecutivo que pretende avanzar aun cuando encuentra límites legales, parlamentarios o sociales.
Cuando una ley se aprueba, la Justicia ordena cumplirla y el Gobierno persiste en desconocerla, el problema excede largamente una discusión presupuestaria.
La unidad entre trabajadores, estudiantes, docentes, investigadores, organizaciones sociales y ciudadanos no elimina las diferencias ni exige que todos piensen igual. Exige reconocer que existen derechos e intereses comunes que merecen ser defendidos en conjunto.
Los sindicatos pueden aportar organización, continuidad y capacidad de movilización a una lucha que, de otro modo, corre el riesgo de dispersarse cuando cada sector vuelve a atender sus propias urgencias.
En tiempos en que la precariedad laboral y la caída de los ingresos empujan a muchos a resolver individualmente cómo llegar a fin de mes, construir solidaridad es una tarea política de primer orden.
La fragmentación favorece a quienes pretenden avanzar con sus decisiones sin encontrar una respuesta articulada. La organización colectiva, en cambio, permite que las demandas de un sector encuentren respaldo en otros y que la defensa de un derecho deje de ser una causa solitaria.
Defender la universidad pública es defender el futuro. Defender la democracia es exigir que las instituciones funcionen. Y construir unidad es entender que ninguna de esas batallas se gana en soledad.