De boca en boca y #Satirita
Después del escándalo público, el Ente Regulador de Trelew convocó a una conciliación a la Cooperativa Eléctrica y a la Cooperativa Lanera, que acusó a la entidad de cortes de energía y aprietes para pagar “honorarios” indebidos. Quiroga espera su sentencia, pero podrá ser candidato en el ISSyS. Otra detención polémica en Trelew. Y más.
El Órgano Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP) de Trelew emitió una cédula de notificación en el marco del Expediente Nº 16/2026, resolviendo suspender la totalidad de los efectos y medidas de percepción de deuda vinculadas a un acuerdo de la Cooperativa Eléctrica de Trelew con la Cooperativa de Trabajo Lanera, la exLanera Austral, hace una década en manos de los trabajadores.
La medida fue adoptada tras advertir, prima facie, que la concesionaria de los Servicios de Distribución de Energía y Servicios Sanitarios de Trelew habría incumplido la instrucción emitida por el organismo el pasado 14 de julio de 2026, mediante la cual ordenaba no intimar a cortes de servicio y mantener el suministro eléctrico.
Asimismo, el organismo regulador detectó que en el acuerdo incorporado con la Cooperativa Lanera se estaría aplicando una tasa de interés distinta a la estipulada en el Artículo 9 (Mora e Intereses) del Anexo IV del Contrato de Concesión para la Distribución de Energía Eléctrica.
Ante esta situación, y dado que el conflicto fue originariamente puesto bajo la órbita del organismo regulador mediante un reclamo efectuado por la propia concesionaria el 21 de mayo de 2026, el director del OMRESP, el Ing. Nelson Eduardo Williams, dispuso como medida para mejor proveer la convocatoria formal a una Audiencia de Conciliación y Revisión de Antecedentes. La resolución lleva otra firma, la del asesor Manuel Valentín Fraile.
El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 5 de noviembre a las 9:30 en la sede del OMRESP, en calle A. P. Bell 120 de Trelew.
Denuncia pública
El caso estalló el viernes durante una entrevista que las autoridades de la Cooperativa Lanera concedieron a Jornada Radio. Marcelo Jodar, presidente, y Rubén Contreras, coordinador técnico de la productora de hilados, aseguraron que hubo amenazas de corte de energía, cortes efectivos y cuestionaron las condiciones del acuerdo de pago. Y denunciaron que se los obligó a firmar con el servicio interrumpido. Apuntaron, principalmente, al papel del asesor legal de la Cooperativa, Diego Martínez Zapata, quien cobró el 10% del valor de la deuda en concepto de “honorarios”.
El mismo viernes, la Cooperativa Eléctrica usó su aparato de prensa para divulgar un comunicado en el que intentó -con poco éxito- responder a la cooperativa de trabajo de los exoperarios de la Lanera Austral: “La energía que se consume se debe pagar. La Cooperativa no puede hacer solidaridad con los recursos de sus socios”, se tituló la gacetilla oficial.
Al parecer, el OMRESP tiene otra visión de la situación y convocó a las partes a una conciliación.
Ruffa, querellante; la Cooperativa, desinteresada
La causa por las presuntas firmas falsificadas en las fallidas elecciones de la Cooperativa Eléctrica de Trelew de 2024 sumó un nuevo capítulo judicial. La jueza penal Vanesa Carolina Marín resolvió aceptar la constitución del abogado Federico Ruffa como parte querellante, con el patrocinio letrado de Alfredo Pérez Galimberti.
La resolución, fechada el 29 de octubre de 2026 y registrada bajo el número 4039/2026, fue dictada luego de una audiencia realizada el 26 de octubre. Allí, la representación de Ruffa reiteró el pedido de intervención que había presentado originalmente el 5 de agosto de este año.
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento es que la magistrada consideró acreditado el interés especial de Ruffa en la resolución del caso, aun cuando actualmente ya no representa a la Cooperativa ni ocupa cargo alguno dentro de la institución.
Para Marín, el análisis debe centrarse en el perjuicio que habría sufrido al momento de los hechos, cuando se desempeñaba como presidente de la entidad. La jueza entendió que la presunta maniobra de falsificación de firmas alteró las condiciones de competencia electoral y afectó la transparencia del proceso, con consecuencias directas sobre la gestión que encabezaba Ruffa.
La defensa del abogado Francisco Castagnoli, a cargo del doctor Daniel Báez, se había opuesto al pedido. Sostuvo que Ruffa no estaba legitimado para intervenir como querellante porque no era víctima directa del delito y consideró que su presentación respondía a una supuesta venganza personal.
También argumentó que las elecciones finalmente fueron suspendidas, que la Cooperativa fue intervenida y que las actuales autoridades no tenían interés en continuar con la causa, tal como constaba en una nota presentada.
Sin embargo, el fiscal general Aldo Nizetich dictaminó a favor de la incorporación de Ruffa. La jueza coincidió con ese criterio y sostuvo que el Código Procesal Penal de Chubut contempla una interpretación amplia de la condición de víctima, incluyendo a quienes, aun sin ser damnificados directos, puedan acreditar un interés especial en la solución del caso.
En ese sentido, la resolución señala que la eventual falsificación de firmas para oficializar una lista habría afectado el derecho de la lista competidora a participar en una contienda electoral justa, transparente y legal.
En la Luna
La decisión judicial adquiere un significado particular por un antecedente reciente. Hace pocos días, la presidenta de la Cooperativa de Trelew, Andrea Luna, le comunicó al abogado Castagnoli que la actual conducción no tenía interés procesal en la causa.
La nota había surgido a partir de un requerimiento formal del propio Castagnoli, quien había solicitado que el Consejo de Administración aclarara la posición institucional de la entidad frente a las actuaciones y precisara si reconocía a Ruffa alguna representación o autorización para actuar en su nombre.
La respuesta de la conducción de Luna marcó así un desinterés institucional en sostener la participación de la Cooperativa en el expediente. Ahora, la Justicia resolvió habilitar a Ruffa por un interés propio, vinculado con los hechos ocurridos durante su presidencia.
En el tramo final, Marín dejó en claro que el cuestionamiento al honor o al prestigio personal de Ruffa podría eventualmente canalizarse por otra vía judicial, pero que eso no invalida su legitimación como querellante por el perjuicio político e institucional que habría sufrido.
Con esta resolución, Ruffa queda formalmente incorporado como querellante en una investigación que tiene como denunciado a Castagnoli y que vuelve a poner bajo la lupa uno de los episodios más controvertidos del frustrado proceso electoral cooperativo de 2024.
Quiroga, del banquillo a la urna
La Junta Electoral del Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut (ISSyS) oficializó a la Lista Verde del sector activo de los empleados estatales provinciales para las próximas elecciones del 30 de noviembre.
No es una lista más: lleva como candidato a vocal titular a Félix Guillermo Quiroga, actual representante de los trabajadores activos en el Directorio del organismo y secretario general de ATE Chubut, que además atraviesa un mediático juicio en su contra por los manejos del gremio de trabajadores estatales.
La nómina consiguió 777 avales, casi el doble de las 400 firmas exigidas por el reglamento electoral. A Quiroga lo acompañan Cecilia Ivana Ocampo como primera suplente y Ricardo Antonio Chemin como segundo suplente.
La candidatura de Quiroga tiene un condimento que difícilmente pase inadvertido durante la campaña: el dirigente gremial está atravesando un juicio oral por presunta administración fraudulenta en perjuicio de ATE, a raíz de movimientos de fondos sindicales hacia cuentas particulares.
El debate comenzó el 19 de octubre y continuará en su etapa final este martes 3 de noviembre desde las 9 de la mañana, ya con los alegatos finales de la defensa, el fiscal Lucas Papini y las dos querellas.
Un fallo que sacude al ISSyS
Hablando del ISSyS, la Justicia de Rawson declaró que el Instituto ejerció “violencia laboral institucional” contra María Victoria Payne, trabajadora del organismo y representante gremial de APISSyS.
La jueza Amorina Testino consideró que el Instituto no investigó una denuncia de violencia laboral y de género contra un superior y, además, vulneró la tutela sindical al desplazarla de su cargo como jefa del Departamento de Compras, Licitaciones e Inventario.
El fallo, dictado el 13 de octubre, cuestionó que el organismo nunca iniciara el sumario administrativo recomendado por su propia Asesoría Legal, pese a que el denunciado renunció 22 días después para jubilarse. La magistrada rechazó que esa circunstancia justificara abandonar la investigación.
La sentencia declaró nula la resolución que dispuso el desplazamiento, rechazó la exclusión de tutela sindical promovida por el ISSyS y ordenó la inmediata reinstalación de Payne en su jefatura. Un detalle no menor: el organismo deberá afrontar también las costas del proceso.
Hay un capítulo más: el fallo fue apelado y ahora deberá ser revisado por la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Trelew. La historia todavía no terminó.
Reclamo de información
En la última sesión del Concejo Deliberante de Rawson, los ediles aprobaron un pedido de informes al Ejecutivo Provincial sobre cómo avanza la investigación y los cambios en el control de fármacos en el Hospital Santa Teresita de la ciudad capital.
Es que aún no se tienen datos sobre el avance de la investigación por el faltante de 213 ampollas de fentanilo y 20 de propofol del nosocomio capitalino, denunciado en noviembre del año pasado.
En el detalle, los concejales, además de pedir el estado actual de la investigación, piden conocer si se realizaron sumarios administrativos o auditorías disciplinarias internas por parte de la Dirección de Sumarios de la Asesoría General de Gobierno o de la propia Secretaría de Salud, así como medidas preventivas sobre los agentes responsables de la custodia de la Farmacia.
También quieren conocer las medidas adoptadas por la Secretaría de Salud para asegurar el normal abastecimiento de fentanilo y propofol al Hospital Santa Teresita.
Comodoro vs. Rada Tilly
Un inesperado conflicto estalló el viernes pasado en el sur de Chubut, cuando la Municipalidad de Comodoro Rivadavia denunció el traslado de algas retiradas de la costa de Rada Tilly hacia el ejido de la ciudad, particularmente al barrio Stella Maris.
La situación fue advertida a partir de denuncias recibidas por la Guardia Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, acompañadas por fotografías en las que se identifican camiones con el escudo del municipio vecino descargando este material.
La que salió con los tapones de punta fue la secretaria de Gobierno comodorense, Jordana Mrla, quien expresó su enérgico rechazo ante la situación que se descubrió en la costa comodorense y reclamó explicaciones a la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta.
“La intendenta tiene que explicar por qué está usando a Comodoro como patio trasero de Rada Tilly”, disparó Mrla, a la vez que sentenció que “es una vergüenza que residuos, como las algas, y vaya uno a saber qué más materiales que molestan a Peralta sean recogidos en camiones y arrojados en Comodoro Rivadavia”.
La funcionaria reclamó “una respuesta pública y transparente” de la gestión de Rada Tilly sobre el destino que se le da a lo que se recolecta en sus playas, y pidió a los vecinos de Comodoro que denuncien cualquier situación similar que observen en la costa.
Dolavon se queja
En la localidad de Dolavon no cayó nada bien una presunta exclusión del Plan Galina, el programa de obras financiado por el Gobierno provincial. El Concejo Deliberante salió a reclamar explicaciones a Fontana 50 y aprobó una declaración de repudio para que se conozcan los motivos por los cuales la localidad quedó afuera del programa.
El concejal Agustín Reyes fue bastante directo: “No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo lo que a Dolavon le corresponde por derecho”. Y apuntó a una cuestión que promete generar ruido: las diferencias políticas entre el intendente Dante Bowen y el gobernador Nacho Torres no deberían convertirse en un “castigo para los vecinos”.
Según plantearon desde el recinto, durante 2026 el municipio presentó proyectos para pavimento, cordón cuneta, viviendas, cloacas, ampliación de la red de gas y saneamiento del basural. Sin embargo, los concejales dolavenses aseguran que ninguno recibió aprobación, mientras otras localidades ya tienen iniciativas similares en marcha o en ejecución.
Orgullo libertario
En la sesión del jueves pasado del Concejo Deliberante de Esquel hubo una posición que no pasó inadvertida. El concejal Rafael Crea Del Blanco, el libertario que todavía integra el bloque de Juntos por el Cambio, cuestionó la declaración de interés municipal y cultural de la 7ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ porque, según su interpretación, estas movilizaciones perdieron su espíritu original y se convirtieron en expresiones político-partidarias.
“Durante los últimos años estas marchas han tergiversado su espíritu y no tienen nada que ver con el orgullo LGBT”, sostuvo el edil. También cuestionó los “insultos y agravios” dirigidos al presidente Javier Milei y a otros dirigentes, y remató afirmando que son marchas “abiertamente en contra de nuestro gobierno municipal, provincial y también de nuestro gran presidente Javier Milei”. ¡Plop!
La postura encontró respuesta en las concejalas opositoras. Agostina Kadomoto, de Unión por la Patria, defendió la declaración y recordó la importancia de promover la tolerancia y garantizar espacios de expresión, especialmente frente al avance de los discursos de odio.
Mientras que Evangelina Chamorro, del Frente Vecinal Esquel, también adelantó su voto positivo y cerró su intervención con una frase contundente y que tenía un claro destinatario: “Fascismo nunca más”.
Es curiosa la manera de medir el orgullo en la posición del concejal Crea Del Blanco: las libertades individuales y la libertad sexual, sí, pero parece que las manifestaciones tienen que pasar por un filtro político antes de merecer reconocimiento institucional.
El libertario terminó siendo el único concejal que votó en contra de la declaración, que finalmente se aprobó por nueve votos.
Detención y polémica
La noche del 27 de octubre, una chica de 18 años intentó hurtar un champú, un spray y una sopa de vegetales de un supermercado de Trelew. El “botín” estaba valuado en $ 56 mil. Pero, gracias a las cámaras de seguridad, la detectó un policía de adicional.
La chica –que no tenía antecedentes– devolvió todo y se mostró dispuesta a pedir disculpas y a comprometerse a no repetir su conducta. No le sirvió: se la llevó un patrullero de la Comisaría 2ª e, increíblemente, durmió en el Instituto Penitenciario Provincial.
Al día siguiente, en la audiencia de control de detención, el defensor público Sergio Rey advirtió que no era la primera vez que pasaba un episodio similar. “Cuando hay allanamientos o se detecta un coche robado, no hay detenciones. Era suficiente con notificarla para que se presentara con un abogado y no usar móviles, personal y todo el aparato del Estado”.
Ante un delito mínimo como es una tentativa de hurto, Rey explicó que los supermercados “tienen recursos materiales y humanos para estos temas, el Estado no puede detenerse en esa cuestión y tiene prioridades. ¿Con qué criterio se priva a alguien de su libertad si devolvió todo? No hay fundamento”. El defensor pidió que a futuro estos casos se revisen.
El fiscal Mauro Quinteros justificó que existe una instrucción del procurador Jorge Miquelarena que, ante casos de flagrancia, pide la apertura de investigación.
Lejos de la corrección política, como es su costumbre, el juez Marcelo Nieto Di Biase preguntó: “¿Qué sentido tiene detener a una persona si después alcanza con un pedido de disculpas?”. Y recordó que, aunque un detenido está a disposición del juez, para que quede libre alcanza con que la Fiscalía lo pida.
“Esto es gratis –graficó Di Biase–, ¿fue detenida para pedir disculpas? ¿Qué mensaje quiere dar Fiscalía? ¿Que no pasa nada? Es incongruente”.
Sobre la instrucción de Miquelarena, advirtió que “algún día alguien tendrá que hablar. Así como están las cosas, no funciona. ¿Dónde está el criterio personal? No sirve para nada y cansa tener que decirlo. Se va de acá sabiendo que no pasa nada. Esa resolución no sirve, Fiscalía no tiene criterio”.
#Satirita, por Descartes
El Órgano Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP) de Trelew emitió una cédula de notificación en el marco del Expediente Nº 16/2026, resolviendo suspender la totalidad de los efectos y medidas de percepción de deuda vinculadas a un acuerdo de la Cooperativa Eléctrica de Trelew con la Cooperativa de Trabajo Lanera, la exLanera Austral, hace una década en manos de los trabajadores.
La medida fue adoptada tras advertir, prima facie, que la concesionaria de los Servicios de Distribución de Energía y Servicios Sanitarios de Trelew habría incumplido la instrucción emitida por el organismo el pasado 14 de julio de 2026, mediante la cual ordenaba no intimar a cortes de servicio y mantener el suministro eléctrico.
Asimismo, el organismo regulador detectó que en el acuerdo incorporado con la Cooperativa Lanera se estaría aplicando una tasa de interés distinta a la estipulada en el Artículo 9 (Mora e Intereses) del Anexo IV del Contrato de Concesión para la Distribución de Energía Eléctrica.
Ante esta situación, y dado que el conflicto fue originariamente puesto bajo la órbita del organismo regulador mediante un reclamo efectuado por la propia concesionaria el 21 de mayo de 2026, el director del OMRESP, el Ing. Nelson Eduardo Williams, dispuso como medida para mejor proveer la convocatoria formal a una Audiencia de Conciliación y Revisión de Antecedentes. La resolución lleva otra firma, la del asesor Manuel Valentín Fraile.
El encuentro se llevará a cabo el próximo jueves 5 de noviembre a las 9:30 en la sede del OMRESP, en calle A. P. Bell 120 de Trelew.
Denuncia pública
El caso estalló el viernes durante una entrevista que las autoridades de la Cooperativa Lanera concedieron a Jornada Radio. Marcelo Jodar, presidente, y Rubén Contreras, coordinador técnico de la productora de hilados, aseguraron que hubo amenazas de corte de energía, cortes efectivos y cuestionaron las condiciones del acuerdo de pago. Y denunciaron que se los obligó a firmar con el servicio interrumpido. Apuntaron, principalmente, al papel del asesor legal de la Cooperativa, Diego Martínez Zapata, quien cobró el 10% del valor de la deuda en concepto de “honorarios”.
El mismo viernes, la Cooperativa Eléctrica usó su aparato de prensa para divulgar un comunicado en el que intentó -con poco éxito- responder a la cooperativa de trabajo de los exoperarios de la Lanera Austral: “La energía que se consume se debe pagar. La Cooperativa no puede hacer solidaridad con los recursos de sus socios”, se tituló la gacetilla oficial.
Al parecer, el OMRESP tiene otra visión de la situación y convocó a las partes a una conciliación.
Ruffa, querellante; la Cooperativa, desinteresada
La causa por las presuntas firmas falsificadas en las fallidas elecciones de la Cooperativa Eléctrica de Trelew de 2024 sumó un nuevo capítulo judicial. La jueza penal Vanesa Carolina Marín resolvió aceptar la constitución del abogado Federico Ruffa como parte querellante, con el patrocinio letrado de Alfredo Pérez Galimberti.
La resolución, fechada el 29 de octubre de 2026 y registrada bajo el número 4039/2026, fue dictada luego de una audiencia realizada el 26 de octubre. Allí, la representación de Ruffa reiteró el pedido de intervención que había presentado originalmente el 5 de agosto de este año.
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento es que la magistrada consideró acreditado el interés especial de Ruffa en la resolución del caso, aun cuando actualmente ya no representa a la Cooperativa ni ocupa cargo alguno dentro de la institución.
Para Marín, el análisis debe centrarse en el perjuicio que habría sufrido al momento de los hechos, cuando se desempeñaba como presidente de la entidad. La jueza entendió que la presunta maniobra de falsificación de firmas alteró las condiciones de competencia electoral y afectó la transparencia del proceso, con consecuencias directas sobre la gestión que encabezaba Ruffa.
La defensa del abogado Francisco Castagnoli, a cargo del doctor Daniel Báez, se había opuesto al pedido. Sostuvo que Ruffa no estaba legitimado para intervenir como querellante porque no era víctima directa del delito y consideró que su presentación respondía a una supuesta venganza personal.
También argumentó que las elecciones finalmente fueron suspendidas, que la Cooperativa fue intervenida y que las actuales autoridades no tenían interés en continuar con la causa, tal como constaba en una nota presentada.
Sin embargo, el fiscal general Aldo Nizetich dictaminó a favor de la incorporación de Ruffa. La jueza coincidió con ese criterio y sostuvo que el Código Procesal Penal de Chubut contempla una interpretación amplia de la condición de víctima, incluyendo a quienes, aun sin ser damnificados directos, puedan acreditar un interés especial en la solución del caso.
En ese sentido, la resolución señala que la eventual falsificación de firmas para oficializar una lista habría afectado el derecho de la lista competidora a participar en una contienda electoral justa, transparente y legal.
En la Luna
La decisión judicial adquiere un significado particular por un antecedente reciente. Hace pocos días, la presidenta de la Cooperativa de Trelew, Andrea Luna, le comunicó al abogado Castagnoli que la actual conducción no tenía interés procesal en la causa.
La nota había surgido a partir de un requerimiento formal del propio Castagnoli, quien había solicitado que el Consejo de Administración aclarara la posición institucional de la entidad frente a las actuaciones y precisara si reconocía a Ruffa alguna representación o autorización para actuar en su nombre.
La respuesta de la conducción de Luna marcó así un desinterés institucional en sostener la participación de la Cooperativa en el expediente. Ahora, la Justicia resolvió habilitar a Ruffa por un interés propio, vinculado con los hechos ocurridos durante su presidencia.
En el tramo final, Marín dejó en claro que el cuestionamiento al honor o al prestigio personal de Ruffa podría eventualmente canalizarse por otra vía judicial, pero que eso no invalida su legitimación como querellante por el perjuicio político e institucional que habría sufrido.
Con esta resolución, Ruffa queda formalmente incorporado como querellante en una investigación que tiene como denunciado a Castagnoli y que vuelve a poner bajo la lupa uno de los episodios más controvertidos del frustrado proceso electoral cooperativo de 2024.
Quiroga, del banquillo a la urna
La Junta Electoral del Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut (ISSyS) oficializó a la Lista Verde del sector activo de los empleados estatales provinciales para las próximas elecciones del 30 de noviembre.
No es una lista más: lleva como candidato a vocal titular a Félix Guillermo Quiroga, actual representante de los trabajadores activos en el Directorio del organismo y secretario general de ATE Chubut, que además atraviesa un mediático juicio en su contra por los manejos del gremio de trabajadores estatales.
La nómina consiguió 777 avales, casi el doble de las 400 firmas exigidas por el reglamento electoral. A Quiroga lo acompañan Cecilia Ivana Ocampo como primera suplente y Ricardo Antonio Chemin como segundo suplente.
La candidatura de Quiroga tiene un condimento que difícilmente pase inadvertido durante la campaña: el dirigente gremial está atravesando un juicio oral por presunta administración fraudulenta en perjuicio de ATE, a raíz de movimientos de fondos sindicales hacia cuentas particulares.
El debate comenzó el 19 de octubre y continuará en su etapa final este martes 3 de noviembre desde las 9 de la mañana, ya con los alegatos finales de la defensa, el fiscal Lucas Papini y las dos querellas.
Un fallo que sacude al ISSyS
Hablando del ISSyS, la Justicia de Rawson declaró que el Instituto ejerció “violencia laboral institucional” contra María Victoria Payne, trabajadora del organismo y representante gremial de APISSyS.
La jueza Amorina Testino consideró que el Instituto no investigó una denuncia de violencia laboral y de género contra un superior y, además, vulneró la tutela sindical al desplazarla de su cargo como jefa del Departamento de Compras, Licitaciones e Inventario.
El fallo, dictado el 13 de octubre, cuestionó que el organismo nunca iniciara el sumario administrativo recomendado por su propia Asesoría Legal, pese a que el denunciado renunció 22 días después para jubilarse. La magistrada rechazó que esa circunstancia justificara abandonar la investigación.
La sentencia declaró nula la resolución que dispuso el desplazamiento, rechazó la exclusión de tutela sindical promovida por el ISSyS y ordenó la inmediata reinstalación de Payne en su jefatura. Un detalle no menor: el organismo deberá afrontar también las costas del proceso.
Hay un capítulo más: el fallo fue apelado y ahora deberá ser revisado por la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Trelew. La historia todavía no terminó.
Reclamo de información
En la última sesión del Concejo Deliberante de Rawson, los ediles aprobaron un pedido de informes al Ejecutivo Provincial sobre cómo avanza la investigación y los cambios en el control de fármacos en el Hospital Santa Teresita de la ciudad capital.
Es que aún no se tienen datos sobre el avance de la investigación por el faltante de 213 ampollas de fentanilo y 20 de propofol del nosocomio capitalino, denunciado en noviembre del año pasado.
En el detalle, los concejales, además de pedir el estado actual de la investigación, piden conocer si se realizaron sumarios administrativos o auditorías disciplinarias internas por parte de la Dirección de Sumarios de la Asesoría General de Gobierno o de la propia Secretaría de Salud, así como medidas preventivas sobre los agentes responsables de la custodia de la Farmacia.
También quieren conocer las medidas adoptadas por la Secretaría de Salud para asegurar el normal abastecimiento de fentanilo y propofol al Hospital Santa Teresita.
Comodoro vs. Rada Tilly
Un inesperado conflicto estalló el viernes pasado en el sur de Chubut, cuando la Municipalidad de Comodoro Rivadavia denunció el traslado de algas retiradas de la costa de Rada Tilly hacia el ejido de la ciudad, particularmente al barrio Stella Maris.
La situación fue advertida a partir de denuncias recibidas por la Guardia Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente, acompañadas por fotografías en las que se identifican camiones con el escudo del municipio vecino descargando este material.
La que salió con los tapones de punta fue la secretaria de Gobierno comodorense, Jordana Mrla, quien expresó su enérgico rechazo ante la situación que se descubrió en la costa comodorense y reclamó explicaciones a la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta.
“La intendenta tiene que explicar por qué está usando a Comodoro como patio trasero de Rada Tilly”, disparó Mrla, a la vez que sentenció que “es una vergüenza que residuos, como las algas, y vaya uno a saber qué más materiales que molestan a Peralta sean recogidos en camiones y arrojados en Comodoro Rivadavia”.
La funcionaria reclamó “una respuesta pública y transparente” de la gestión de Rada Tilly sobre el destino que se le da a lo que se recolecta en sus playas, y pidió a los vecinos de Comodoro que denuncien cualquier situación similar que observen en la costa.
Dolavon se queja
En la localidad de Dolavon no cayó nada bien una presunta exclusión del Plan Galina, el programa de obras financiado por el Gobierno provincial. El Concejo Deliberante salió a reclamar explicaciones a Fontana 50 y aprobó una declaración de repudio para que se conozcan los motivos por los cuales la localidad quedó afuera del programa.
El concejal Agustín Reyes fue bastante directo: “No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo lo que a Dolavon le corresponde por derecho”. Y apuntó a una cuestión que promete generar ruido: las diferencias políticas entre el intendente Dante Bowen y el gobernador Nacho Torres no deberían convertirse en un “castigo para los vecinos”.
Según plantearon desde el recinto, durante 2026 el municipio presentó proyectos para pavimento, cordón cuneta, viviendas, cloacas, ampliación de la red de gas y saneamiento del basural. Sin embargo, los concejales dolavenses aseguran que ninguno recibió aprobación, mientras otras localidades ya tienen iniciativas similares en marcha o en ejecución.
Orgullo libertario
En la sesión del jueves pasado del Concejo Deliberante de Esquel hubo una posición que no pasó inadvertida. El concejal Rafael Crea Del Blanco, el libertario que todavía integra el bloque de Juntos por el Cambio, cuestionó la declaración de interés municipal y cultural de la 7ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ porque, según su interpretación, estas movilizaciones perdieron su espíritu original y se convirtieron en expresiones político-partidarias.
“Durante los últimos años estas marchas han tergiversado su espíritu y no tienen nada que ver con el orgullo LGBT”, sostuvo el edil. También cuestionó los “insultos y agravios” dirigidos al presidente Javier Milei y a otros dirigentes, y remató afirmando que son marchas “abiertamente en contra de nuestro gobierno municipal, provincial y también de nuestro gran presidente Javier Milei”. ¡Plop!
La postura encontró respuesta en las concejalas opositoras. Agostina Kadomoto, de Unión por la Patria, defendió la declaración y recordó la importancia de promover la tolerancia y garantizar espacios de expresión, especialmente frente al avance de los discursos de odio.
Mientras que Evangelina Chamorro, del Frente Vecinal Esquel, también adelantó su voto positivo y cerró su intervención con una frase contundente y que tenía un claro destinatario: “Fascismo nunca más”.
Es curiosa la manera de medir el orgullo en la posición del concejal Crea Del Blanco: las libertades individuales y la libertad sexual, sí, pero parece que las manifestaciones tienen que pasar por un filtro político antes de merecer reconocimiento institucional.
El libertario terminó siendo el único concejal que votó en contra de la declaración, que finalmente se aprobó por nueve votos.
Detención y polémica
La noche del 27 de octubre, una chica de 18 años intentó hurtar un champú, un spray y una sopa de vegetales de un supermercado de Trelew. El “botín” estaba valuado en $ 56 mil. Pero, gracias a las cámaras de seguridad, la detectó un policía de adicional.
La chica –que no tenía antecedentes– devolvió todo y se mostró dispuesta a pedir disculpas y a comprometerse a no repetir su conducta. No le sirvió: se la llevó un patrullero de la Comisaría 2ª e, increíblemente, durmió en el Instituto Penitenciario Provincial.
Al día siguiente, en la audiencia de control de detención, el defensor público Sergio Rey advirtió que no era la primera vez que pasaba un episodio similar. “Cuando hay allanamientos o se detecta un coche robado, no hay detenciones. Era suficiente con notificarla para que se presentara con un abogado y no usar móviles, personal y todo el aparato del Estado”.
Ante un delito mínimo como es una tentativa de hurto, Rey explicó que los supermercados “tienen recursos materiales y humanos para estos temas, el Estado no puede detenerse en esa cuestión y tiene prioridades. ¿Con qué criterio se priva a alguien de su libertad si devolvió todo? No hay fundamento”. El defensor pidió que a futuro estos casos se revisen.
El fiscal Mauro Quinteros justificó que existe una instrucción del procurador Jorge Miquelarena que, ante casos de flagrancia, pide la apertura de investigación.
Lejos de la corrección política, como es su costumbre, el juez Marcelo Nieto Di Biase preguntó: “¿Qué sentido tiene detener a una persona si después alcanza con un pedido de disculpas?”. Y recordó que, aunque un detenido está a disposición del juez, para que quede libre alcanza con que la Fiscalía lo pida.
“Esto es gratis –graficó Di Biase–, ¿fue detenida para pedir disculpas? ¿Qué mensaje quiere dar Fiscalía? ¿Que no pasa nada? Es incongruente”.
Sobre la instrucción de Miquelarena, advirtió que “algún día alguien tendrá que hablar. Así como están las cosas, no funciona. ¿Dónde está el criterio personal? No sirve para nada y cansa tener que decirlo. Se va de acá sabiendo que no pasa nada. Esa resolución no sirve, Fiscalía no tiene criterio”.
#Satirita, por Descartes